Greenpeace celebra con escepticismo que Carboneras cumpla la sentencia que le obligaba a cambiar su PGOU

Greenpeace celebra con escepticismo la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, aprobada hoy en el pleno municipal. Esta modificación es un paso necesario para el derribo de la ruina del Algarrobico, puesto que explicita que el terreno no era urbanizable cuando se presentó el proyecto de construcción del hotel. Sin embargo, con este pleno, el consistorio ha dado cumplimiento sólo parcialmente a la sentencia que le obliga a la modificación, puesto que también debe publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y notificar este cambio a la Junta de Andalucía para dar por cumplida la sentencia.

La organización ecologista considera que esta modificación llega con muchos años de retraso. Fue solicitada por la organización ecologista en 2009, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2016 y es una sentencia de obligado cumplimiento dictada por el Tribunal Supremo desde 2018. 16 años más tarde desde que Greenpeace solicitara este paso y siete años desde que es una sentencia de obligado cumplimiento dictada por el más alto tribunal, llega este pequeño paso, aunque inconcluso. «Nuestro escepticismo está fundamentado en años de espera. En marzo de este año el TSJA dio un mes de plazo al ayuntamiento para que publicara la modificación en el BOP. Cuatro meses más tarde, el ayuntamiento da este paso, pero que está inconcluso. Cada paso cuenta, pero el Ayuntamiento emponzoña de forma evidente cada pequeño movimiento que tiene que dar», ha declarado Luis Berraquero, Coordinador Territorial de Greenpeace en Andalucía.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Carboneras realiza esta modificación del PGOU. Ya en 2024 dio este paso, pero fue recurrido por la Junta porque en el proceso de modificación se incluyó que se declaraban los terrenos como no urbanizables por «causas sobrevenidas». La Junta de Andalucía recurrió dicha modificación amparándose en que el Ayuntamiento era pleno conocedor de que esos terrenos no eran urbanizables y estaban protegidos desde la publicación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en 1994. Greenpeace considera que este ping pong entre administraciones es una fórmula para eludir posibles indemnizaciones solicitadas por la empresa constructora.

Por todo ello, las demandas de Greenpeace son claras: insta al Ayuntamiento de Carboneras a que cumpla las sentencias que le obligan a anular la licencia de obras y a que finalice el trámite de modificación del PGOU iniciado hoy. Esto es un imperativo legal y va con años de retraso. Por otro lado, Greenpeace exhorta a la Junta de Andalucía a que inicie el proceso de expropiación de la parte de los terrenos del hotel que se asienta sobre el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Este proceso expropiatorio se sumaría al iniciado por el Estado y podría acelerar la resolución de este galimatías judicial en el que se encuentra el principal icono del urbanismo devastador de la costa en España. Puesto que el Ayuntamiento de Carboneras ha demostrado, con hechos, poner en marcha todas las estrategias dilatorias que encuentra para alargar el cumplimiento de sentencias, «esta es una oportunidad para que la Junta de Andalucía plasme su compromiso de acabar con el problema de El Algarrobico con hechos y no sólo con palabras», ha añadido Luis Berraquero.

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