Greenpeace celebra que el Gobierno decida expropiar y anima a la Junta a que haga lo mismo en el 60% restante

Greenpeace ha celebrado que el Gobierno estatal pretenda iniciar el proceso de expropiación de parte de los terrenos de la ruina ilegal del Algarrobico, el hotel levantado en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), según acaba de anunciar hoy, en visita a Andalucía, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Se aprobará mañana en Consejo de Ministros. Una parte, aproximadamente el 40%, se encuentra dentro de la franja de los 100 metros de servidumbre de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas. Esta es la razón que ha llevado a considerar al Estado que puede ejercer su derecho de expropiación sobre dicha franja.

«Todo paso que nos acerque al derribo definitivo del Algarrobico es una buena noticia. En Greenpeace llevamos casi 20 años esperando su demolición, sentencia tras sentencia, y no vamos a cejar en nuestro empeño. Seguiremos de cerca los pasos que dé ahora la Junta de Andalucía, que debe cumplir con sus firmes declaraciones de cumplir con el acuerdo de demolición del hotel porque el Algarrobico es un símbolo de un modelo caduco de turismo depredador y destrucción de nuestro litoral. Hay movilizaciones y un consenso ciudadano generalizado señalando que no es el camino a seguir. En un momento en el que las consecuencias del cambio climático son ya palpables en nuestras costas y nuestras ciudades necesitamos cambios contundentes y alternativas claras a este modelo», ha declarado Eva Saldaña, directora de Greenpeace España.

Con este paso, la Junta de Andalucía tiene ahora en su mano la opción de poner fin a este adefesio urbanístico, herencia del boom inmobiliario y símbolo del modelo de turismo depredador que ha hormigonado el litoral. Para ello, puede aplicar la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que le permite ejercer expropiación en edificios manifiestamente ilegales, o bien culminar el derecho de retracto, puesto que el hotel ilegal se encuentra ubicado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Después de que el Ejecutivo andaluz haya incluido en varios presupuestos una partida específica para el derribo del hotel, si ejecutase la expropiación, se culminarían las intenciones anunciadas en varias ocasiones por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Hoy mismo, la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha ratificado la intención de cumplir con el protocolo de demolición acordado en 2011 con el Gobierno central, si el Ministerio da los pasos necesarios.

«Nos encontramos ante una oportunidad histórica; ahora es el momento para que la Junta ratifique su decisión de derribar de una vez por todas esta ruina ilegal. Necesitamos que se den los pasos necesarios, con valentía, que lleven al fin de este icono de la destrucción costera y a recuperar la salud de estos terrenos protegidos del Parque Natural, que nunca deberían haber sido urbanizados», ha declarado Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía.

La organización ecologista aplaude este paso porque podría suponer un desbloqueo ante los continuos incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Carboneras de la sentencia que obliga a declarar los terrenos como no urbanizables. Una sentencia dictada hace 9 años y que el consistorio lleva eludiendo con excusas dilatorias desde entonces. Razón que llevó a Greenpeace a solicitar, hasta en dos ocasiones, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el alcalde de Carboneras, actualmente Salvador Hernández, fuese apercibido con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el cumplimiento total de la sentencia nº 2000/2016, que clasifica el paraje de El Algarrobico como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras (PGOU).

Hace ahora un año, Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tras la sentencia del Tribunal Supremo que, en diciembre de 2022, dictaminó que el hotel almeriense no podía ser demolido, por tener licencia de obras. El alto tribunal dictaminó que si el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

El TEDH ha concluido que debe ahora investigar la legalidad de esta decisión tras la demanda interpuesta por Greenpeace. Es un principio fundamental, en todo Estado de Derecho, que las sentencias firmes que anulan una disposición de carácter general, como es el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras, tienen efecto desde el día en que se publica el fallo. Pero, en este caso, el Supremo, incomprensiblemente, otorgó las competencias judiciales al Ayuntamiento de Carboneras, un hecho muy grave e inédito que podría suponer una violación del artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos, ya que priva a la ciudadanía del derecho a tener un juez independiente y una tutela judicial efectiva.

Tras el anuncio de hoy, las organizaciones ecologistas se reunirán con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para conocer los detalles de esta decisión.

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