Greenpeace pide al Supremo una aclaración: «El Algarrobico es no urbanizable desde hace 5 años»

La sentencia del Supremo considera que en la fecha actual el sector ST1, conocido como El Algarrobico, sigue siendo urbanizable en el planeamiento urbanístico de Carboneras, pero a juicio de Greenpeace, se trata de un error de origen, ya que dicho sector «fue anulado por sentencia firme del propio Tribunal Supremo hace cinco años». «El problema reside en que el Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido dicha sentencia. A pesar de ello, la calificación de los terrenos no depende de la ejecución de la sentencia. La única realidad es que los terrenos fueron declarados suelo no urbanizable por el Supremo en la sentencia 634/2018 de 19 de abril», relatan desde la organización ecologista internacional Greenpeace.

Desde el colectivo se ha solicitado al TSJA de forma reiterada «que se multe al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo Fernández, por el incumplimiento de la sentencia» y que el Ministerio Fiscal «investigue si hay un presunto delito de desobediencia», pero la Sala no acaba de adoptar las medidas solicitadas. «Tras cinco años de incumplimientos de una sentencia firme del Tribunal Supremo por parte del ayuntamiento de Carboneras, dejar en manos de esta corporación municipal la eficacia de las decisiones judiciales nos coloca en una situación de total indefensión. Esperamos que el Supremo nos aclare esta situación», ha declarado Luis Berraquero, portavoz de Greenpeace en Andalucía.

El pasado mes de diciembre, Greenpeace remitió un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitando la ejecución inmediata de la sentencia 2956/2021 de 22 de julio, que obliga al Ayuntamiento de Carboneras al anular la licencia de obras y que el consistorio no ha cumplido aún.

El Ayuntamiento de Carboneras recurrió dicha sentencia ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo pero la Sección Primera, mediante auto de fecha 18 de mayo de 2022, inadmitió el recurso de casación. El auto de inadmisión le fue notificado al Ayuntamiento de Carboneras el 5 de junio de 2022 sin que hasta la fecha el consistorio haya iniciado expediente alguno referido a la revisión de oficio de la licencia de obras.

«Hasta la fecha no han tenido efecto alguno las numerosas resoluciones judiciales relacionadas con el Hotel Azata del Sol en la playa de El Algarrobico debido, fundamentalmente, a la negativa municipal a cumplirlas», relatan desde Greenpeace. «Son ya 13 las sentencias del Tribunal Supremo que no han tenido efecto práctico alguno debido fundamentalmente a la actitud municipal y a la desidia del ente autonómico».

El propio TSJA acordó el pasado mes de noviembre requerir al Ayuntamiento de Carboneras informes quincenales sobre los pasos que se estaban dando para modificar, como debe por imperativo legal, la calificación del Algarrobico «a suelo no urbanizable de especial protección» en su planeamiento urbanístico, ya que en incluso en verano el alcalde, José Luis Amérigo, fue apercibido con multas de hasta 250 euros semanales si no se producía un cambio de calificación en esta zona y en El Canillar dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El último pronunciamiento del Tribunal Supremo rechazaba el recurso de Greenpeace para declarar jurisdiccionalmente nula la licencia de obras de hotel de cara a que sea el Ayuntamiento de Carboneras el que revise el permiso municipal, por lo que tendrá que ser el Consistorio el que inicie el procedimiento de oficio para dejarla sin efecto y, en tal caso, propiciar la demolición del inmueble.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró en su sentencia de julio de 2021 que lo adecuado era que el Ayuntamiento de Carboneras iniciase procedimiento de revisión de oficio de la licencia municipal concedida en 2003 y rechazó ordenar el derribo porque, según remarcó, «mientras no se estableciera lo contrario» una vez concluido ese trámite, el hotel «seguía teniendo un título jurídico válido».

Por su parte, la organización ecologista ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo después de desestimara su recurso al considerar que «no se vulneraría el principio de seguridad jurídica si se anulara la licencia de obras».