Greenpeace pide al TSJA que no de más plazo al Ayuntamiento de Carboneras con el Algarrobico

En respuesta al trámite de alegaciones dado por el TSJA para pronunciarse sobre la petición del ayuntamiento carbonero, el colectivo remarca que este «no es un caso aislado de desobediencia», y acusa al consistorio de «estar eludiendo sistemáticamente el cumplimiento de cualquier sentencia relacionada con el Algarrobico».

«El caso más reciente es el de la sentencia de esta misma Sala por la que se obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras del hotel, pero el Ayuntamiento ni ha iniciado expediente de revisión de oficio, ni existe el menor indicio de que lo vaya a hacer, a no ser que el tribunal de instancia adopte las medidas oportunas para obligarle a cumplir el mandato judicial, lo mismo que sucede exactamente en el presente caso», indica el escrito.

Greenpeace señala que la «disculpa» alegada por el consistorio para pedir una prórroga para dar cumplimiento al fallo que le ordena descatalogar el sector ST-1 o Algarrobico bajo apercibimiento de multa semanal de 250 euros al alcalde, José Luis Amérigo, ya la utilizó para no «adaptar» el PGOU a la zona de servidumbre de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre.

«En aquella ocasión no se tramitó el acuerdo de pleno porque el Ayuntamiento de Carboneras no disponía de secretario. Ahora la vacante es la del arquitecto municipal», traslada para comunicar que «dicha vacante ya ha sido cubierta mediante el acuerdo con el Ayuntamiento de Garrucha por el que recae el nombramiento en el arquitecto de este consistorio». Por tanto la falta de arquitecto municipal ya no es disculpa para cumplir una sentencia de hace seis años.

Greenpeace, que subraya que «la falta de arquitecto municipal ya no es disculpa para cumplir una sentencia de hace seis años», traslada al TSJA que el Ayuntamiento de Carboneras «no ha cumplido ni una sola de las numerosísimas sentencias que han recaído sobre el hotel de Azata del Sol» y concluye pidiendo que se le obligue por «mandato judicial».

El TSJA volvió a advertir la semana pasada al ayuntamiento de que tiene «pendiente» de remitir a la sala la «certificación municipal» que le reclamó para demostrar si ha modificado o no como debe por imperativo legal la calificación del Algarrobico «a suelo no urbanizable de especial protección» en su planeamiento urbanístico.

El alto tribunal recordó al consistorio, asimismo, que pesa sobre su alcalde, José Luis Amérigo (PSOE), la «posibilidad» de que sea multado o, incluso, de que le sean exigidas «responsabilidades por la vía penal» por no dar «perfecto cumplimiento» a la sentencia firma de 2016 que le obliga a anular tanto el sector urbanístico del Algarrobico, como el anexo de El Canillar, por estar en zona protegida del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.