Greenpeace pide al TSJA que multe al alcalde de Carboneras hasta que cumpla las sentencias del Algarrobico

Es la segunda vez que la organización ecologista realiza esta petición. En abril de 2023, transcurridos siete años desde que se dictó la sentencia y tras «reiteradas» peticiones de Greenpeace ante la «inactividad» del consistorio de Carboneras, el TSJA apercibía al entonces alcalde, José Luis Amérigo, con la imposición de una multa de la misma cuantía hasta que se produjese el cumplimiento de la sentencia.

Según indica Greenpeace, la multa quedó suspendida tras la celebración del pleno municipal denunciado por Greenpeace y la Junta de Andalucía al interpretar que era «una nueva maniobra dilatoria» para eludir la modificación del PGOU.

El colectivo ha señalado que la decisión de solicitar de nuevo la misma multa para el alcalde, Felipe Cayuela (PP), llega después de que el TSJA haya dado la razón a ambas entidades en un reciente auto que anula el acuerdo del pleno por «simular» cumplir el fallo«.

«Hasta la fecha el Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido ni una sola del medio centenar de resoluciones judiciales referentes al Hotel de El Algarrobico, lo que parece indicar que tampoco tiene intención de cumplir esta sentencia ni ninguna otra. No podemos esperar otros ocho años», ha afirmado la portavoz de Greenpeace, María José Caballero.

Caballero ha trasladado que confian en que la justicia «actúe con rapidez» y obligue a Carboneras «a cumplir las sentencias en su totalidad». «El litoral de Almería no se merece pasar a la historia por poseer la mayor aberración de la costa española», ha reclamado.

Al tiempo, ha recordado que hoy se cumple el plazo de un mes dado por el TSJA al Ayuntamiento de Carboneras para que inicie la revisión de la licencia de obras del hotel «ilegal» de Azata del Sol en este paraje-

Ha precisado que, al no tener conocimiento de que se haya iniciado el expediente, en un segundo escrito presentado ante el altotribunal andaluz, ha informado de este «incumplimiento» y ha solicitado solicita que se adopten las medidas previstas en el artículo 103 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (1).