Greenpeace urge al TSJA a multar al alcalde por «dilatar» la demolición del Algarrobico

Advierte en un comunicado de que la decisión adoptada en pleno extraordinario el pasado lunes con los votos del equipo de gobierno del PSOE hace que el hotel no vaya a poder ser demolido «en mucho tiempo» y remarca que la solución para ejecutar la sentencia que obliga al ayuntamiento carbonero a desclasificar el Algarrobico pasa por «hacer una simple modificación puntual del vigente PGOU de 2009».

«Hasta la fecha, el Ayuntamiento ya ha hecho 28 modificaciones puntuales, por lo que es conocedora del proceso al ser un trámite habitual. De igual forma, es difícil entender que el Ayuntamiento pierda tiempo y recursos encargando informes técnicos sobre cómo proceder, cuando es evidente que es un trámite habitual. Sólo puede entenderse como otra maniobra dilatoria», remarca el abogado del colectivo, José Ignacio Domínguez.

Alude, en esta línea, a que el «asesoramiento» al Ayuntamiento de Carboneras por parte de un letrado «que estaba en la misma sala y sección del TSJA que ahora tiene que decidir si obliga al consistorio a cumplir las sentencias, parece estar retorciendo la justicia hasta límites insospechados».

«La ocurrencia del nuevo PGOU manda al hotel ilegal al limbo quizá otra década. Sencillamente, es inaceptable», asegura María José Caballero, portavoz de Greenpeace, que subraya que el colectivo «lleva más de un año pidiendo al TSJA que demande al Ayuntamiento de Carboneras el cumplimiento de las sentencias».

«El tribunal ha dictado ya cuatro providencias señalando que si el alcalde de Carboneras no cumple las sentencias le va a imponer una sanción, pero sigue sin hacerlo. Sólo estamos pidiendo que se cumpla la Ley. No debería ser tan difícil», concluye.

El Ayuntamiento de Carboneras acordó en pleno extraordinario iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y un nuevo Plan de Ordenación Urbanística para dar «solución», entre otros «hechos trascendentales», al «cumplimiento» de las sentencias judiciales «en la zona conocida» como El Algarrobico.

El acuerdo, en forma de moción impulsada por el equipo de gobierno que preside José Luis Amérigo y que salió adelante únicamente con los votos del PSOE y del concejal no adscrito, dispone que se proceda a la apertura de un expediente para licitar y adjudicar la redacción de ambos documentos, y a solicitar subvenciones para financiar ambos instrumentos de planeamiento.

El informe municipal ordenado por el alcalde para conocer qué procedimiento ha de seguir para desclasificar como urbanizable el Algarrobico y dar cumplimiento a la sentencia que lo declara suelo no urbanizable de especial protección concluía que la manera «óptima» de hacerlo sería «iniciar» la redacción «de un nuevo» Plan de Ordenación Urbana.

Según el documento que se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los servicios técnicos daban como «alternativa» aprobar una modificación «parcial» del sector en el que se levanta el hotel de Azata, aunque abogaban prioritariamente por un «nuevo planeamiento urbanístico» debido «al cambio de normativa urbanística autonómica de Andalucía».

Aseguraban que este último sería el «documento urbanístico óptimo» para recoger «las modificaciones sectoriales que afectan» al municipio de Carboneras «con la cartografía precisa propia del año 2023», y aludía al deslinde del dominio público-terrestre, que también invade parcialmente la edificación, así como al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y plan rector de usos y gestión del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

La otra alternativa que ofrecían los servicios técnicos municipales pasaba por «la modificación parcial» del PGOU tanto en El Algarrobico como en el sector ST-2 o Canillar «eliminando la clasificación urbanística vigente por efectos sobrevenidos al planeamiento vigente de directa aplicación por la legislación sectorial modificada por sentencia judicial que los califica como suelo no urbanizable con grado de protección 'C1' o áreas naturales de interés general».

Del acuerdo adoptado mediante moción en el pleno extraordinario celebrado en la tarde del lunes por el Ayuntamiento de Carboneras, que dio lugar en el debate a las críticas de la oposición, se desprende que el equipo de gobierno ha optado por iniciar de cero un nuevo expediente urbanístico.

No obstante, en su última comunicación al TSJA, el consistorio señaló que estaba pendiente de informe de la Secretaría Municipal para convocar el pleno encaminado a aprobar «la modificación puntual» de El Algarrobico, un trámite más inmediato en plazos que el que ahora se empieza.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo (TS) falló recientemente que la licencia municipal de obras concedida al hotel de Azata continúa siendo «plenamente legal» 20 años después de su concesión ya que se ajusta al planeamiento urbanístico vigente en Carboneras por no haberse modificado el PGOU en lo que respecta al Algarrobico y supeditó la demolición del inmueble a que se anulase mediante revisión de oficio por parte del Ayuntamiento carbonero. Mientras la actual calificación del sector ST-1 se mantenga, no cabe anulación.

El texto de lo aprobado recogido en el dictamen en comisión informativa, consultado por Europa Press, indica que el actual documento de planeamiento «lleva en vigor 13 años» y señala que la «legislación vigente aprobada hace un año por la Junta», el «desfase» por el tiempo transcurrido y los «acontecimientos generados» por el cierre de la Central Térmica Litoral «llevan a la corporación carboneras a impulsar la necesidad de redactar un nuevo PGOU acorde con los tiempos actuales».

Cita, por este orden, como hechos «trascendentales» a los que hay que «dar solución» a través del planeamiento «la descarbonización» del municipio; la recuperación de los suelos concesionados para la central térmica; el «cumplimiento de las sentencias judiciales» en la «zona conocida como El Algarrobico»; la recuperación de espacios físicos degradados, la «redefinición coherente» de las zonas protegidas; el desarrollo turístico «del futuro» y la «necesidad de respuesta inmediata a la demanda de nuevos residenciales».

Los nuevos instrumentos de planeamiento se harán en los términos determinados por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), según reza el acuerdo, que faculta al alcalde, apercibido con multas coercitivas por el TSJA si no ejecuta una de las sentencia del Algarrobico, «para llevar a cabo las gestiones o trámites que fueren necesarios para llevar el cumplimiento del acuerdo».