Investigan al alcalde de Pulpí por unas obras ejecutadas antes de adjudicarse

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa está investigando al alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), y a varios de los concejales de su equipo de gobierno entre los que se encuentra Pedro Jesús Martínez, responsable de Obras y Servicios, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa «con motivo de adjudicar, de forma arbitraria, sin expediente preceptivo previo, eludiendo con ello los trámites legales para la adjudicación de trabajos con plena conciencia de la ilegalidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento».

Los hechos investigados por el equipo de delincuencia económica de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería habrían ocurrido entre los meses de abril y agosto del año 2018. Según se indica en el atestado al que ha tenido acceso IDEAL, de más de 60 páginas, «la ejecución material de las obras investigadas tuvieron lugar antes de la adjudicación y la aprobación del expediente de gasto por la junta local del Ayuntamiento de Pulpí». «Posteriormente a dicha ejecución se llevaron a cabo los trámites administrativos necesarios para dar legalidad al procedimiento» por el que fueron adjudicados los trabajos a una conocida mercantil. Así consta en las diligencias que los investigadores entregaron al juzgado.

Los trabajos sobre los que pone el foco la Policía Judicial son tres actuaciones de pavimentación de caminos en la pedanía de Jaravía cuyo valor total asciende a 31.034,27 euros. Concretamente a la pavimientación del camino La Ermita y Pozo del Toro; a la del camino de la Geoda y Las Parras; y a los trabajos de pavimentación y fresado del camino del Puente.

Según sostiene la Policía Judicial, el Ayuntamiento de Pulpí encargó los trabajos el 6 de abril de 2018. Un mes y medio después, el 21 de mayo, la administración local y la empresa adjudicataria firmaron las actas de fin de obra «en conformidad con los trabajos realizados y ejecutados».

No sería hasta el 5 de junio cuando la junta de gobierno local aceptase la oferta de la empresa y aprobase el gasto correspondiente a los expedientes de los trabajos, cuyas facturas fueron giradas el 18 de junio «una fecha muy posterior al acta de fin de obras», según los agentes, quienes, no obstante, indican que «el importe de las facturas se corresponden con lo presupuestado y no se ha producido desviación alguna».

En las conclusiones, el instructor señala que «podría entenderse que las adjudicaciones investigadas se llevaron a cabo por medio de hoja de encargo profesional, contrariando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas». Igualmente hace referencia a que «hubo ausencia de contrato formal y se podría entender que la contratación fue de forma verbal, expresamente prohibido por la Ley de Contratos del Sector Público». Cree la Policía que tanto el alcalde como el edil de Obras «y en connivencia con la junta local de gobierno» habrían «llevado a cabo las adjudicaciones sin la tramitación del expediente preceptivo previo, eludiendo los trámites legales para la adjudicación, a sabiendas, y pudiendo entenderse que con plena conciencia de la ilegalidad».

En declaraciones a IDEAL, el alcalde de Pulpí quitó hierro al asunto y aseguró que es «una denuncia sin ningún fundamento». «Teníamos informes favorables pero ellos (el PSOE) dicen que el expediente no estaba bien tramitado. Cuando hay tantas denuncias en alguna te acaban llamando para declarar pero ahí no hay nada. Nosotros no nos hemos llevado ningún dinero ni nada», sentenció.

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