Investigan a la exalcaldesa por la contratación de personal en el Ayuntamiento de Garrucha

La causa penal deriva de la Fiscalía Provincial tras la denuncia del concejal en el equipo de Gobierno, Álvaro Ramos, quien informó de que López habría contratado en 2021 mediante decreto de Alcaldía como auxiliar administrativa a una de las integrantes de la lista con la que concurrió a las elecciones municipales de 2019.

La denuncia del Ministerio Público apreciaba la supuesta comisión de delitos contra los derechos cívicos al haberse negado supuestamente la exalcaldesa a facilitar información a la oposición sobre las contrataciones de personas que se hacen en el Ayuntamiento de Garrucha «amparándose en la ley de protección de datos».

En una providencia de 20 de junio, consultada por Europa Press, el Juzgado de Instrucción 4 de Vera, a instancias del fiscal, oficia al Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Justicia y Administración Pública para que le remitan informe sobre las «posibles irregularidades administrativas observadas» en este contrato como auxiliar administrativo.

Para el Ministerio Público esta diligencia de prueba es «necesaria» antes de decidir si se propone enjuiciamiento o sobreseimiento y considera que los hechos denunciados, sin perjuicio de una «más depurada calificación jurídica», pueden «reunir los requisitos para formular acusación» por un presunto delito de prevaricación.

Por este motivo, además de interesarla, pide al juez que aporte a la Junta tanto la denuncia como la documentación que obra en las actuaciones y que haga constar la autorización expresa de la administración autonómica para que pueda «recabar la información que precise necesaria de cualquier organismo público a fin de elaborar su informe».

En su escrito, el Ministerio Público solicita, asimismo, que se acuerde la prórroga de la instrucción de la causa penal por un plazo de seis meses ya que el resultado de este informe «podría hacer necesario la práctica de nuevas diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos».

Según consta en la denuncia presentada por el concejal ahora en el gobierno municipal, Álvaro Ramos, la exalcaldesa socialista contrató por decreto de Alcaldía a una de las integrantes de la lista con la que concurrió a las elecciones en 2019 como auxiliar administrativo.

Recoge que lo hizo «sin procedimiento administrativo o concurso público» y que, tras seis meses, «renovó el contrato por seis meses más sin que quedase reflejado en el acta de junta de gobierno».

La denuncia detalla que, tras la renovación, él como concejal solicitó información sobre el «procedimiento seguido para contratar, y para renovar», sobre la convocatoria pública del puesto, y las «tres últimas nóminas», pero que no fue «hasta dos meses después cuando me indicó que era un contrato fijo en prácticas por tiempo determinado» y alegó que «la ley de protección de datos le impedía dar copia del resto de información».

El decreto de Alcaldía justificó la contratación a «tiempo completo» en las necesidades derivadas de situaciones «particulares de determinadas empleadas municipales» con «bajas y vacaciones» y en «razones de urgencia».

Ramos, quien concurrió a las elecciones municipales bajo las siglas de la confluencia de izquierdas 'Con Andalucía' y asumirá la portavocía del equipo de gobierno tras el pacto alcanzado con PP y Vox, también ha aludido a un informe técnico municipal de 23 de junio que refleja que durante el mandado de María López ha habido «saltos» en las listas de aspirantes de la bolsa de empleo del consistorio.

El informe concreta que el «llamamiento de aspirantes lo realizaba única y exclusivamente» el equipo de gobierno anterior y el técnico señala que a él «le trasladaban los datos» de quienes habían sido «seleccionados para darles de alta en la Seguridad social». Apunta, al hilo de esto, que «desconoce» el «motivo» por el que «hay saltos en las listas de aspirantes».