El nuevo delegado de Salud y Familias en Almería, investigado por administración desleal

El nuevo delegado territorial de Salud y Familias en Almería, el veratense Juan de la Cruz Belmonte Mena, está siendo investigado por el Juzgado de Vera por presuntos delitos de administración desleal y delito societario en la empresa mixta municipal Codeur, la mercantil que en la actualidad gestiona el agua en el municipio de Vera y cuyo capital corresponde en un 51% a la administración local mientras que el resto pertenece al socio privado.

Se trata de unos hechos que se remontan a su etapa como teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vera, desde el año 2011 a 2015, y que el presidente del PP de Vera José Carmelo Jorge Blanco reconoció en la última sesión plenaria celebrada el pasado 31 de enero en el Ayuntamiento de Vera al apuntar que «estamos investigados porque ustedes han presentado una denuncia y el Juzgado la está investigando, no estamos imputados», comentó para defenderse de unas acusaciones realizadas desde el equipo de gobierno.

Según ha podido saber este periódico, la última declaración del todavía portavoz del PP en el Consistorio veratense tuvo lugar a finales del mes de octubre de 2018. Si bien, previamente también habría declarado en noviembre de 2017.

Aunque a primera hora de la mañana de ayer desde el entorno de Belmonte Mena emplazaron a IDEAL a las «próximas horas» para dar alguna explicación al respecto, al cierre de la edición impresa tanto el PP como la Junta de Andalucía optaron por el silencio y no hicieron ningún tipo de declaración, a pesar de los numerosos intentos de este medio. Si bien, el nuevo delegado de Salud y Familias tiene previsto asistir hoy a la celebración del Día Internacional del Niño con Cáncer que organiza la asociación almeriense ARGAR.

Por su parte, desde el PSOE de Almería, el secretario de organización Antonio Martínez comentó a IDEAL que se trata de un tema que «era 'vox populi' en el municipio de Vera» y por tanto «deja mucho que desear que en un nombramiento de este nivel el PP no haya hecho las comprobaciones oportunas, aunque es algo a lo que nos tienen acostumbrados».

Martínez hizo referencia al acuerdo de Gobierno entre Partido Popular y Ciudadanos, concretamente al punto 1.2, de 'Tolerancia cero con la corrupción', en el que Cs y PP se comprometieron «a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial».

Asimismo, ambos partidos se comprometieron a que «las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos».

«Lo que está claro es que tendrán que aclarar esta situación ante la opinión pública cuanto antes y así lo exigimos desde el Partido Socialista», sentenció Martínez.