Los jueces de Huércal-Overa urgen a la Junta a que construyan la ciudad de la justicia y acabe con las «insalubres» sedes actuales

Esta modificación estructural, creen que «afecta directamente a la manera en que se presta el servicio público de justicia», exige de forma imprescindible «una sede judicial común, dotada de condiciones adecuadas para el desempeño profesional y la atención ciudadana».

Sin embargo, en Huércal-Overa, esta transición se enfrenta a una realidad especialmente compleja: los tres juzgados que actualmente prestan servicio se encuentran repartidos en dos ubicaciones diferentes, una de las cuales —donde se encuentran dos de los órganos judiciales— presenta unas condiciones que tanto la judicatura como la abogacía consideran inadecuadas para el desarrollo de la actividad jurisdiccional. «Esta dispersión no solo dificulta el trabajo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y profesionales del Derecho, sino que compromete la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, en forma de dilaciones, barreras de acceso y pérdida de eficiencia en la gestión de los procedimientos», señalan.

La jueza decana ha recordado que las carencias del edificio que alberga actualmente dos de los tres juzgados ya fueron puestas de manifiesto en un informe formal de deficiencias remitido en su día a la Administración autonómica. «La respuesta fue únicamente una mano de pintura en las paredes de los despachos de las juezas, cuando el problema de fondo es mucho más grave», ha señalado, advirtiendo que el estado del inmueble roza «lo insalubre y resulta claramente incompatible con una prestación digna del servicio público de justicia». Recalcan que hay una «falta de ventilación adecuada, instalaciones obsoletas y espacios mal distribuidos configuran un entorno que perjudica tanto al personal judicial como a los ciudadanos que acuden diariamente a estas dependencias».

Por este motivo, han enumerado las deficiencias de la sede como la salubridad, donde apuntan a que los despachos estarían ubicados «en el sótano sin luz natural ni ventilación, utilizados por médicos forenses para atender a víctimas y personas con discapacidad» y dado a que está junto a «un archivo cerrado» hay «un fuerte olor a putrefacción».

Consideran que en la sede tienen «presencia de distintas clases de animales» que genera una situación «insalubre», así como han notificado y realizado informes sobre «la presencia de murciélagos» en los huecos de las persianas con «heces» visibles a diario.

Otro aspecto que afean es la falta de seguridad, ya que hay «ausencia de calabozo» en dependencias judiciales. «Esto obliga a ubicar a los detenidos en la sala de abogados, donde tienen visión directa de víctimas y familiares». También critican que hay «un espacio muy reducido en la sala para las víctimas de violencia de género» algo que dificulta «su derecho a estar acompañadas». Así, señalan que «la mala distribución» de los espacios y la circulación de la sede judicial provoca que las víctimas coincidan con sus agresores.

En cuanto al trabajo diario consideran que hay una falta de eficiencia ya que se producen «caídas recurrentes» y que afectarían «el desarrollo normal de las actuaciones judiciales». Por este motivo, toman las declaraciones «a mano» y descartan «el uso de videoconferencias» ya que el sistema «no es óptimo».

Sobre la accesibilidad al edificio apuntan a que las personas en sillas de ruedas «tienen graves dificultades» para moverse «por las entradas estrechas, en algunas salas no hay espacio para que puedan girar». A modo de ejemplo, indican que «en ocasiones se han visto obligados a tomar declaraciones fuera de sala para evitar que una persona con discapacidad tenga que regresar otro día».

La sede judicial, consideran en el comunicado, tienen «una distribución y estructura inadecuadas» debido a la «separación de sedes que genera disfunciones operativas, falta de planificación de cara a una futura mudanza o implantación del tribunal de instancia y accesos y estancias que no garantizan mínimos estándares funcionales ni de dignidad para usuarios y trabajadores».

Por su parte, el decano de la Abogacía ha lamentado que el partido judicial de Huércal-Overa carezca de una sala específica para los abogados, una infraestructura mínima y esencial en cualquier sede judicial. «No tenemos un espacio habilitado para mantener conversaciones confidenciales con nuestros clientes, vestirnos con la toga o simplemente esperar a ser llamados a juicio; ese espacio ha sido ocupado para uso de calabozo», ha explicado Juan Luis de Aynat, quien ha subrayado que esta situación afecta gravemente al ejercicio profesional y a las garantías del derecho de defensa.

Tanto la jueza decana como el decano del Colegio de la Abogacía han coincidido en expresar «su preocupación por la falta de comunicación oficial» por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía sobre el proyecto de una nueva sede judicial, cuya ejecución resulta imprescindible para cumplir con los objetivos de eficiencia y proximidad que promueve la nueva legislación.

Ambas instituciones reclaman de forma conjunta a la Delegación Territorial de Justicia en Almería información actualizada y veraz sobre el estado actual del proyecto de la nueva sede, los plazos previstos para su ejecución y habilitación, las condiciones técnicas, logísticas y de accesibilidad contempladas así como los mecanismos previstos para garantizar la participación del personal judicial y de los operadores jurídicos en el proceso.

Andrea Martín y Juan Luis de Aynat han insistido en que una reforma de este calado «no puede implementarse sin contar con los recursos e infraestructuras adecuadas», ya que, de lo contrario, «no solo se frustran sus fines, sino que se agrava la situación ya precaria de algunos partidos judiciales como el de Huércal-Overa».

Ambos representantes han reiterado su compromiso «con la mejora del sistema de justicia y su voluntad de trabajar de forma coordinada para asegurar que la transición al nuevo modelo se produzca en condiciones que garanticen la dignidad institucional, la seguridad jurídica y la adecuada prestación de un servicio esencial para la ciudadanía».