La Junta aboga por la senda judicial para el derribo del Algarrobico: «Estamos llegando al final del camino»

«Creo que estamos llegando al final del camino, no exento de recursos judiciales», ha manifestado la consejera en el marco del desayuno informativo celebrado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol, donde ha recordado que «la empresa promotora» o «cualquier otra entidad» tiene potestad para intervenir en el proceso conforme a sus intereses.

En esta línea, ha afirmado que la Junta tiene claro que la «demolición» es el horizonte a alcanzar. «El PSOE no lo ha tenido claro nunca y ahora parece que lo quiere tener. Bienvenido al club», ha comparado no sin avisar de que, ante este proceso, «debemos ser serios» con los plazos y la historia judicial que acumula el polémico hotel.

«Aquí no podemos venir a decir 'en un mes voy a derribar el Algarrobico'», ha afeado la titular andaluza de Sostenibilidad en alusión al proceso de expropiación parcial de casi la mitad del hotel anunciado por el Gobierno central y que discurre en paralelo, para el que se trasladó en febrero de 2025 un recorrido de no más de medio año y para el que aún se espera que se fije su justiprecio.

Frente a esta opción, García ha incidido en el «cumplimiento de sentencias judiciales», que van «por el buen camino» después de que se diera por ejecutada, tras diez años, la resolución para declarar los suelos del paraje como no urbanizables de especial protección.

Así, ha apuntado que aún queda hacer cumplir la sentencia que obliga a la revisión de oficio de la licencia que el Ayuntamiento de Carboneras concedió a la promotora Azata del Sol en 2003, el cual podría derivar en la «anulación» de ese permiso municipal.

«El alcalde, hace muy poquito, se comprometía a que eso iba a ser ya», ha advertido ante un expediente iniciado en julio del pasado año y remitido en diciembre, aunque de forma incompleta, al Consejo Consultivo de Andalucía, que ha reclamado al Consistorio documentación adicional al tiempo que los colectivos ecologistas han advertido de la caducidad del proceso y su posible reinicio.

En cualquier caso, García ha aseverado que desde la Junta se van a «seguir trabajando de la mano de esas sentencias judiciales y con el objetivo último, que es la demolición» de un inmueble cuyas obras, ejecutadas al 95 por ciento, acumulan 20 años de paralización cautelar por una orden judicial.