La Junta afirma que no se cerrará ninguna de las oficinas liquidadoras

Bravo recordó que el 31 de diciembre de 2019 expira la vigencia del convenio de la Junta con los registradores de 26 de julio de 1999 y, con él, se pone fin al régimen de atribución de funciones aprobado por Decreto 106/1999, de 4 de mayo, previo a la creación de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Esto obliga a establecer «un nuevo sistema de relación», según defendió Bravo, quien además aludió a los avances en materia de administración electrónica, la mejora de la información y los medios de control, así como los cambios normativos que afectan a los tributos que gestiona la Agencia Tributaria de Andalucía, como razones que «determinan la necesidad de establecer un nuevo modelo de colaboración que se ajuste a las exigencias del escenario tecnológico, normativo y de gestión».

Por eso, según explicó, el Gobierno andaluz viene negociando desde el pasado verano con el colectivo de registradores para «hacer un servicio efectivo a la ciudadanía, reducir al mínimo el coste de la tramitación, luchar contra el fraude fiscal, facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y, también, la coordinación, eficacia y eficiencia».

Y todo ello, según defendió, «sin que se cierre ninguna de las oficinas liquidadoras», ya que «se mantienen las 91 existentes, y se asegura un marco económico en el convenio que cubre el mantenimiento de todo el personal».

El titular andaluz de Hacienda replicó enfatizando que «lo que hagamos será con acuerdo con registradores», quienes «van a votar el acuerdo para este convenio el 23 de diciembre», así como también insistió en defender que «no se va a cerrar ninguna oficina liquidadora», y la Junta de Andalucía va a llevar a cabo todo esto con «acuerdo, consenso y generosidad», según concluyó Bravo en sus declaraciones.