La Junta aguardará a que Carboneras anule la licencia del Algarrobico para abordar con el Estado su demolición

Fuentes del Gobierno andaluz han trasladado a Europa Press que el órgano bilateral, que actualmente preside la Junta, podrá adoptar «decisiones efectivas» para avanzar en la demolición del inmueble y recuperar el espacio protegido una vez que la corporación municipal aprueba la revisión de oficio de la licencia conforme al mandato judicial, algo que se entiende «se va a producir de manera inminente».

La Junta recibió el pasado viernes una comunicación de la Dirección General de la Costa y el Mar de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que solicitaba la convocatoria de la comisión mixta una vez se conoció el dictamen adoptado por el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA), preceptivo y vinculante, que avalaba la anulación del permiso municipal.

Con ello, el departamento que dirige la consejera en funciones Catalina García estima que el camino para alcanzar la «deseada resolución» de un problema «generado hace dos décadas» pasa por que el Ayuntamiento de Carboneras lleve «cuanto antes» este asunto a Pleno y así poder «oficializar la anulación definitiva de la licencia, cumpliendo así con la sentencia del TSJA» dictada en 2021.

En este sentido, el Ayuntamiento que preside Salvador Hernández (CS) tiene aún que fijar una fecha para elevar este asunto a Pleno y someterlo a votación. El primer edil gobierna en minoría con el apoyo de cuatro concejales del PP frente a los seis del PSOE y dos concejales no adscritos.

Enterrar la licencia, «única vía»

La Consejería de Sostenibilidad, que ostenta la presidencia de la comisión mixta desde el 6 de marzo de este año y hasta el 7 de marzo de 2027, ha celebrado que el Gobierno de España «haya asumido que la única vía para alcanzar el derribo del hotel de El Algarrobico es la planteada por la Junta de Andalucía», que defendió la revisión de la licencia como paso «imprescindible» para avanzar en el proceso de demolición del edificio y la posterior restauración del paraje natural afectado.

Desde la Junta han recordado su personación en cuatro procedimientos abiertos en torno a este asunto: el propio procedimiento judicial, el de revisión de oficio de la licencia, la modificación del planeamiento municipal y el proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno de España.

Sobre la personación en este último, conviene recordar que se hizo «imprescindible» después de seis meses «sin que la Junta recibiera información alguna sobre el mismo por parte del Gobierno de España».

Además, se da la circunstancia de que el 10 de febrero de 2025 la exvicepresidenta del Gobierno y entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero anunció la demolición del edificio, «fijando un plazo de cinco meses para ello, obviando el diálogo habitual establecido en la Comisión Mixta», según han recordado.

El Gobierno mantiene la vía de la expropiación como camino para alcanzar la demolición del edificio promovido por Azata del Sol aunque, bajo el procedimiento iniciado hace más de un año, solo podrá hacerse con la mitad de los terrenos en los que se asienta el inmueble y que son de su competencia al invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre.

Dicho proceso de expropiación se encuentra pendiente de la reunión del tribunal provincial de expropiaciones, que deberá fijar justiprecio ante las discrepancias existentes entre la promotora, que pedía una indemnización de más de 44 millones de euros, y el Estado, que fija en 16.500 euros el valor de los suelos sin tener en consideración lo edificado.

La otra mitad del hotel se sitúa en el paraje del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sobre el que la Junta de Andalucía tiene competencias. La Junta rechazó la vía de la expropiación para atajar este asunto.