La Junta anuncia la vía civil para tomar posesión del Algarrobico

«Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler», ha Crespo, quien ha informado, sin precisar cuantías, de que el presupuesto general de la comunidad para 2021 incluirá «dos partidas; una para el proyecto» en alusión a la restauración paisajística y medioambiental; y una segunda, «para iniciar el retracto».

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha expresado la «voluntad inquebrantable» del Gobierno andaluz, «alejada del ecopostureo» según ha destacado, y ha avanzado que la Junta va a solicitar al Gobierno central la convocatoria de la comisión mixta, que no se celebra desde 2018, en el marco del protocolo firmado en 2011 para la demolición de lo que ha calificado de «aberración medioambiental».

«Queremos ir de la mano, coordinados, con el Gobierno y ojalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición porque estamos convencidos de que es lo que quiere la sociedad y medioambientalmente es importantísima la recuperación del paraje y la normalidad en esa playa», ha dicho, no sin antes admitir la existencia de «flecos judiciales» que obligan al Gobierno andaluz a «que nos pille con los deberes hechos y podamos seguir adelante con este deseo».

En esta línea, Crespo ha trasladado que «buscamos fórmulas para ayudar a acometer los trabajos de derribo, retirada de escombros, de residuos, su valorización y de reparación de suelo» al tiempo que ha detallado, a instancia de los servicios jurídicos de la administración, que se van a hacer «actuaciones ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para dar cumplimiento a lo impuesto por el Tribunal Supremo, y acatar y hacer valer las decisiones judiciales».

Por su parte, la promotora Azata trasladó el pasado miércoles su «disposición» para «cumplir el marco legal» y «resolver» el conflicto en torno al hotel del paraje El Algarrobico.

«Estamos dispuestos a colaborar con la administración y abiertos a lo que nos quieran plantear que esté dentro del marco legal para resolver el problema», indicó el presidente de la empresa, José Rodríguez, no sin antes remarcar que lo que ha anulado en firme el Tribunal Supremo (TS) «no fue nuestra actuación, sino la actuación de la administración pública».

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez declinó valorar el anuncio del líder del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, quien en el debate sobre el estado de la comunidad avanzó una partida en los presupuestos para «empezar los primeros trabajos de demolición del Algarrobico», y recordó que la promotora obtuvo en 2003 una licencia de obras «que es legal conforme a la normativa autonómica y municipal vigente y aprobada dos años antes de que compraremos los terrenos y que luego fue anulada por el Supremo».

«Cumplimos la normativa en todo momento, la que estaba vigente, y la que, efectivamente, fue anulada posteriormente, pero, lo recalco, esa norma urbanística estaba aprobada dos años antes de que comprásemos los terrenos y nosotros obtuvimos una licencia completamente legal en base a esta», afirmó en la misma línea en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluyó en sentencia firme en el año 2014.

En esta línea, Rodríguez apuntó que lo que «ha traído a la situación actual» en torno a la costrucción del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones ha sido el hecho de que «tres administraciones aprobasen una norma urbanística, la publicasen, las empresas cumpliésemos al construir y l