La Junta Electoral rechaza la denuncia del PSOE contra el PP por el cartel sobre el Algarrobico de Greenpeace

El órgano ha señalado que, en base al reconocimiento sobre la autoría efectuada por la organización conservacionista, cabe descartar que la colocación de estos carteles «forme parte de la campaña electoral» del PP «con la consiguiente imposibilidad de que se pudiera producir por su parte» algún tipo de infracción.

En este sentido, el texto alude a la imposibilidad de concluir que hubiera «mala fe» en las imágenes publicadas por el PP de Carboneras en su cuenta de Facebook con el concejal y candidato a la Alcaldía, Felipe Cayuela, delante de la valla instalada en las inmediaciones de Parque del Andarax de la capital.

Conforme señala la resolución emitida este mismo lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, resulta «evidente» que los carteles «inducen a error con respecto a su autoría», ya que como señalan incluso desde el PSOE, su aspecto dan a entender que han sido realizados por los propios socialistas.

«Esta circunstancia determina que el propio PP pudiera haber incurrido en un error con respecto a su autoría y que al no existir prueba alguna que acredite que el representante del PP tuviera conocimiento de que dicho cartel no había sido elaborado por el PSOE, y que con ello tuviera una intención de inducir a error a los respectivos votantes, no puede concluirse que existiera mala fe atribuible a las personas denunciadas al realizar tales publicaciones», determina la Junta Electoral.

De este modo, rechaza adoptar medida alguna después de que los socialistas, que también denunciaron carteles similares en Sevilla, reclamaran la «retirada inmediata de las publicaciones» y que se incoar expediente sancionador contra los miembros del PP como supuestos responsables.

Greenpeace reclamó la autoría de los cuatro carteles como 'hacktivismo' para reclamar el derribo del hotel Azata en el paraje carbonero y «acelerar la ambición del PSOE-A, que gobierna en el municipio almeriense y que aún posterga el acatamiento de las sentencias» que son desfavorables al inmueble.

«El consistorio almeriense debió cumplir hace 15 años las sentencias que fijan la anchura de la costa en 100 metros; hace once años, las sentencias que protegen los terrenos; cinco años, la que modifica el PGOU; y uno, la que le obliga a revisar la licencia de obras. En total, se han incumplido 43 resoluciones judiciales», subrayó al reivindicar la acción.