La Junta presupuesta 1,1 millones de euros para el derribo del hotel y el desescombro de El Algarrobico

La partida de 1.110.000 euros figura en una única anualidad con cargo al programa de Información Ambiental y Dinamización Socioeconómica Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible tal y como anunció el presidente andaluz, Juanma Moreno, durante el último debate sobre el estado de la comunidad en el parlamento autonómico.

Para llegar hasta la demolición del hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones, la Junta debe tomar posesión de las fincas sobre las que se alza en ejecución del derecho de retracto por 2,3 millones de euros que el Gobierno andaluz ejerció en 2006 y que, después, ha sido validado en varias sentencias judiciales.

«Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler», advirtió la consejera Carmen Crespo hace una semana, cuando anunció que la Junta había decidido ejercitar la vía civil para lograr la inscripción registral de los terrenos a su nombre.

Según han trasladado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, en concreto, los servicios jurídicos de la consejería han determinado la «conveniencia» de emprender el retracto de acuerdo al artículo 249.17 de la Ley de Enjuciamiento Civil.

Así, previa solicitud de las notas simples actualizadas de las fincas afectadas del sector ST-1 o El Algarrobico, la Junta ha iniciado los trámites para interponer la oportuna demanda en la jurisdicción civil y «solicitar la anotación preventiva de dicha demanda» de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley Hipotecaria.

Desde el Gobierno andaluz han hecho referencia, asimismo, que ha habido «varios intentos infructuosos desde 2016» para proceder a la ejecución del retracto por vía administrativa.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo sentenció en diciembre de 2017 que la Junta debía acudir a la vía civil contra las mercantiles Azata del Sol y Azata Patrimonio para poder inscribir registralmente a su nombre las fincas de El Algarrobico y desestimó su recurso por el que solicitaba una «autorización de entrada» para tomar posesión de los terrenos.

La Junta pidió estas medidas ante la «actitud» de las mercantiles que, según remarcaba en su escrito, habían «impedido la entrega voluntaria» de las fincas del sector ST-1 adquiridas en 2006 por la Administración autonómica por un importe de 2,3 millones de euros en tanteo y retracto.

«La toma de posesión, que es para lo que se solicita la autorización de entrada, está subordinada a la titularidad registral de las fincas, lo que exige acceso al Registro de la Propiedad de la adquisición de la Junta», concluía el Alto Tribunal.

El derecho de retracto se avaló también judicialmente en firme «dado el notorio interés ambiental» de los terrenos y su calificación como zona C1 en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.