El juzgado archiva la denuncia contra el exalcalde de Carboneras

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera ha sobreseído de forma provisional el caso y ha decretado el archivo de las actuaciones en las que se investigaba la actuación del exalcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos cívicos después de que José Luis Amérigo, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Socialista elevase, la causa a la Fiscalía.

En un auto dictado el 25 de enero de 2019 por el juez titular de dicho juzgado, y al que ha tenido acceso IDEAL, se considera como injustificado de lo investigado hasta el momento «la perpetración del delito» después de que, ademas, el propio Ministerio Público -que fue quien formuló la denuncia después de tener conocimiento de los hechos por el PSOE- haya apoyado el sobreseimiento de la causa en la que se investigaba además de a Salvador Hernández a dos funcionarios públicos municipales.

Según relata el juez, el denunciante, Amérigo, relataba en su denuncia que Hernández habría impedido el acceso a la información de la oposición durante el mandato 2011-2015 y entre los años 2015-2017. «Las peticiones orales serían desatendidas siempre, la información que se pide por escrito no se contestaría en el plazo de 5 días y se dejaría para el tiempo, y cuando responden afirmativamente fijando cita, ésta nunca se señalaría». De la documentación aportada, se encuentran 21 peticiones de información o expedientes con sus supuestas denegaciones.

No obstante, el juez estima en este auto, avanzado hoy mismo por la agencia de noticias Europa Press, que «desechando las peticiones que este juzgado considera desorbitadas, excesivas, vagas, ambiguas o demasiado generalistas», sólo quedarían dos denegadas. La primera, sobre una compra de contenedores, sí que fue respondida anteriormente aunque se reiteró la solicitud de información. Y la segunda, una denuncia sobre la desaparición de unas láminas de Goya adquiridas bajo administración socialista, también efectiva tras una consulta con la Fiscalía al ser «diligencias preprocesales».

«Hemos de concluir que, por consiguiente, en cuanto a los hechos investigados, que las peticiones denegadas no lo fueron o algunas lo fueron justificadamente. Que en cuanto a las peticiones supuestamente concedidas sin cita, algunas sí que fueron consultadas y citados concejales del Grupo Socialista, y por último que los retrasos en la entrega de las actas de la Junta de Gobierno Local no fueron en ocasiones excesivos teniendo en cuenta la dilación existente en la administración y el abundante trabajo que existiría en el Ayuntamiento según las declaraciones practicadas», insiste el auto.