La limpieza de Palomares se enreda: fiscal y abogado del Estado discrepan sobre quién es competente

La Fiscalía sostiene que debe ser la Audiencia Nacional (AN) la que resuelva el recurso, mientras que la Abogacía del Estado da la competencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Ante el desacuerdo, el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo ha optado por solicitar al Ministerio que le remita el expediente que el colectivo impugna por la «inactividad» de la administración en este caso para poder decidir si lo admite.

Según los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía entiende que sería la Secretaria de Estado de Energía del ministerio la encargada de «desarrollar» la remediación del suelo radiactivo de Palomares con el almacenamiento temporal de 6.000 metros cúbicos de residuos, mientras que la Abogacía del Estado considera que Ecologistas en Accion dirige su petición a la Subdirección General de Política Energética y Minas.

De acuerdo a su interpretación, para la Abogacía del Estado es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que debe resolver ya que la «inactividad» por la que recurre se imputa a «un órgano central de la Administración Central del Estado con competencia en todo el territorio nacional y con nivel orgánico inferior al de ministro o secretario de Estado».

Por contra, para la Fiscalía debe ser la propia Audiencia Nacional la que tramite este procedimiento, en concreto la sala de lo Contencioso-administrativo ya que se impugna la desestimación por silencio administrativo «de una solicitud sobre materia energética cuya resolución compete a un Secretario de Estado».

El colectivo conservacionista tomó la iniciativa el pasado febrero, cuando se cumplían 58 años desde que cuatro bombas termonucleares cayeron accidentalmente sobre esta pedanía tras colisionar en el aire dos aeronaves de las Fuerzas Áreas de EEUU y ante la evidencia «de que todo sigue igual»

La decisión de elevar a los tribunales la situación de «inacción» que se prolonga en el tiempo está motivada por el «silencio» por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a los requerimientos de Ecologistas en Acción para que «fije plazo» para «llevar a efecto» el Plan de Rehabilitación de la zona que el Gobierno ha sostenido, desde siempre, debe ejecutar la administración estadounidense.

Es la segunda vez que se recurre a la Audiencia Nacional (AN) para que obligue a fijar plazo para ejecutar la limpieza y ordene que, a la espera de encontrar un almacenamiento definitivo del material radiactivo, se depositen temporalmente los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra previstos por el Ciemat y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La primera vez, la justicia sentenció en 2019 que el CSN «no tenía competencias» para ejecutar los pedimentos de la organización ecologista, aunque no señaló qué órgano debía hacerlo.

En el marco de su nueva ofensiva, Ecologistas en ha presentado demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por la «falta de solución» a la «emergencia radiológica» que se vive en Palomares desde 1958 y la «inacción» de los «sucesivos gobiernos» para «terminar» con una «situación tan prolongada» en el tiempo, que se ha puesto «en riesgo la vida de las personas».

El colectivo señala que los habitantes de Palomares han sido «sometidos» a «experimentos científicos sin su consentimiento» y afirma que se «ha permitido que ingirieran e inhalasen partículas radiactivas» con el «objeto de investigar» las consecuencias del «plutonio en la salud» hasta el «año 2009», en el marco del proyecto 'Índalo' acordado entre España y EEUU, lo que califica como «trato degradante».

«La contaminación radiactiva en Palomares es un caso único en la historia de España aún está pendiente de resolver y ningún gobierno español adoptó medida paliativa alguna, siendo la única el vallado de gran parte de la zona afectada que culminó en 2011 aunque a fecha de hoy siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado por donde transitan personas y ganado libremente», indica.

La demanda solicita al TEDH que entre en el «fondo del problema» que se da en Palomares, reconociendo este extremo, y le pide también que revoque la sentencia de la Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo (TS) de noviembre de 2022, que consideró que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no era el competente para ejecutar la limpieza de la radiactividad en la zona, pero no determinó qué organismo era el responsable.