Mojácar y Carboneras convocan pleno de constitución tras rechazar el TSJA la impugnación por el voto por correo

Carboneras será el municipio más madrugador ya que ha señalado para las 10 horas la sesión para conformar la Corporación local para el mandato 2023-2027 y elegir alcalde entre José Luis Amérigo (PSOE), Felipe Cayuela (PP) y Salvador Hernández (Cs).

El PP, que ganó como la lista más votada, y el PSOE, en el gobierno saliente, cuentan con seis concejales cada uno, por lo que será Ciudadanos y su único edil el que decida la gobernabilidad del ayuntamiento.

El pleno en el Ayuntamiento de Mojácar se ha convocado a las 20.30 horas y cuenta con seis puntos en el orden del día con la constitución de la mesa de edad, la comprobación de credenciales, el juramento o promesa de los concejales, la declaración de constitución de la corporación y la elección y toma de posesión como nuevo alcalde, Fran García, quien sustituye a la regidora saliente y actual número 2 de la lista, Rosa María Cano. El PP ganó con mayoría absoluta de ocho concejales frente a cinco del PSOE.

Los dos integrantes de la candidatura socialista que fueron detenidos por agentes de la UCO de la Guardia Civil en el marco de una operación por presunto fraude electoral tres días antes de la cita electoral tomarán posesión de su acta, aunque lo harán como no adscritos.

Así lo ha indicado a Europa Press el número 1, Manuel Zamora, en relación a quien fuera su número 2, Francisco Bartolomé Flores y, su número 5, Cristóbal Vizcaíno. Ambos están siendo investigados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vera por presunta compra de votos por correo. En una pieza separada, el mismo juzgado investiga, con un detenido, hechos similares que habrían favorecido al PP.

Zamora ha señalado que se mantiene la suspensión de militancia, aunque es acta «es personal», y ha apuntado que, una vez sean «absueltos» o se archive la causa penal que ahora se dirige contra ellos, «volverían al grupo municipal del PSOE».

Al hilo de esto, y tras el rechazo del TSJA al recurso contencioso-electoral, ha asegurado que contemplan un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) que, en todo caso, no paraliza los plazos para constituir la corporación.

«El objetivo a la larga es que se constituya una gestora en el Ayuntamiento, porque va a ser un gobierno del PP que sale de unas elecciones viciadas», ha asegurado para remarcar que, de «los 700 votos intervenidos» por la UCO en la jornada electoral en Mojácar, «500 son del PP» y aludir que, en el marco de la investigación que desarrolla la Guardia Civil en esa pieza separada, «se ha llamado a declarar ya a más de 150 testigos».

EL TSJA rechazó anular los resultados de las elecciones municipales en Mojácar y Carboneras tal y como solicitó el PSOE al considerar que prevalece el «principio de conservación de los actos electorales» sobre la que aún es una «presunta compra de votos» o sobre lo que tilda de «meros indicios o conjeturas.

En el caso de Mojácar, el PSOE pidió la repetición de las elecciones y, de manera subsidiaria, que se suspendiera temporalmente el nombramiento del equipo de gobierno del PP, que obtuvo mayoría absoluta, alegando que se habían «contabilizado» votos por correo «investigados por la UCO» de la Guardia Civil mientras que otros «se habían dejado de contabilizar» al ser incautados, lo que es «una restricción de la participación», y que las causas penales abiertas «llevan a plantearse que los votos por correo están viciados por recompensas ofrecidas por el PP, que se habría beneficiado con ocho concejales».

El TSJA desestima que las elecciones municipales en Mojácar hayan estado «viciadas» por una «presunta compra de votos por parte del PP» ya que la existencia de una pieza abierta de investigación en el Juzgado de Instrucción 4 de Vera «no comporta la destrucción de la presunción de inocencia» ni tampoco tiene «consecuencia anudada a la comisión de un delito».

«El principio de conservación de los actos electorales ha de inspirar el juicio de ponderación que haya de llevarse a efecto ante peticiones de nulidad en las que no es posible afirmar que ha quedado comprometida la legalidad del proceso electoral», concluye.

Con respecto a Carboneras, donde el Juzgado de Instrucción 4 de Vera mantiene también abierta una investigación por presunta compra de votos, la sala señala que debe ser la jurisdicción penal la que «determine la existencia de los graves hechos que se denuncian» y destaca que la «mera interposición de dicha denuncia penal no puede determinar la invalidez del proceso electoral.

Traslada que no se puede «adelantar ahora su incidencia en el resultado electoral» y apunta que los indicios que aporta el PSOE sobre una supuesta venta de votos por correo «a favor del PP» no pasan de ser «meras alegaciones insuficientes para anular el resultado electoral».