Turre se enfrenta a nuevas deudas y reclamaciones que hacen más difícil su situación

Así se ha manifestado tras una nueva visita a la Diputación Provincial de Almería, donde el Ayuntamiento de Turre ha explicado que afronta nuevas dificultades heredadas del anterior equipo de Gobierno. Tras seis meses al frente del Consistorio, el alcalde, Arturo Grima, sigue recibiendo nuevas deudas y reclamaciones por incumplimientos de pago o justificaciones de subvenciones. Así se lo ha comunicado al Presidente de Diputación, Gabriel Amat, en el Palacio Provincial en una de las visitas que ha realizado a la capital.

Durante este encuentro han estado buscando soluciones y ofreciendo asesoramiento al Consistorio de Turre para poder superar la gravísima situación financiera que atraviesa.

Arturo Grima le ha recordado al Presidente el problema que ha suscitado la subvención que recibió el Ayuntamiento para construir el Pabellón Cubierto que nunca se inició y que el equipo de Gobierno gastó en otros menesteres. Y es que, al no haber sido justificada el Consistorio tiene que devolver los 280.000 euros. Para poder afrontar el pago se han visto obligados a realizar un aplazamiento a 5 años que le supone al Ayuntamiento nuevos intereses y un pago cada tres meses de 20.000 euros.

Por otro lado, el alcalde ha tenido que afrontar el pago también de 180.000 euros de deuda a la Seguridad Social y el aplazamiento de una deuda con la Consejería de Empleo. No en vano, lo que más le preocupa al regidor es el dinero que está dejando de percibir de las Transferencias del Estado mensuales debido a una reclamación de la Consejería de Hacienda por los 5 últimos trimestres del IRPF.

También ha recibido otra notificación por un convenio que se firmó con una maltrecha empresa constructora que firmó un convenio con el Ayuntamiento que no ejecutó y cuya garantía de 450.000 euros está siendo reclamada por la Agencia Tributaria al Ayuntamiento como responsable subsidiario de esta empresa que está en quiebra.

A todo ello hay que sumar la devolución a un vecino impuesta por un juez de lo contencioso por valor de 15.800; los 3 millones de euros de deudas bancarias y los 4 millones de euros de deudas a proveedores.