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Jennifer Simón Carrión
Martes, 10 de mayo 2016, 10:10
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Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas».
Por esto y muchas otras razones, desde esta formación política se presenta una moción en la que se pide que se solicite al Gobierno de la Nación «lo que pide la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU».
Igualmente, en esta moción se pediría al Gobierno de la Nación «una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria», además de buscar alternativas ante la urgencia y la paradoja de pisos vacíos y familias en la calle.
Pero, además, a nivel municipal, el grupo mojaquero pide que «se cree una comisión mixta (formada por representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática) que estudie las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios con el objetivo de buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sean posibles, garantizar el realojo digno de las familias afectadas».
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