La Junta pide ejecución de sentencia de derribo de otra vivienda en Vera

A mediados de este mes el Consistorio veratense recibía la providencia en la que se informa de que la administración autonómica ha solicitado que se levante la suspensión provisional que había sobre la ejecución de la sentencia de derribo derivada de un incidente presentado por parte del Ayuntamiento por la aprobación provisional de una modificación puntual del PGOU para implementar el artículo 12.4 del POTALA, con el fin de poder regularizar dicha construcción dentro del ordenamiento urbanístico. Este procedimiento fue enviado a la delegación de Obras Públicas para que emitiera un informe de incidencia territorial que la delegación emitió como desfavorable.

Ahora la Junta pide que se levante dicha suspensión y, por lo tanto, que se demuela la casa alegando que no se ha procedido a una aprobación definitiva de dicha modificación puntual, ni ningún trámite para clasificar el suelo como urbanizable, aunque éste punto advierte que «no sería factible».

Regularización

La vivienda obtuvo licencia para su construcción en el año 2004. La Junta reclamó la ilegalidad de la misma y se dictó sentencia de derribo por el juzgado en mayo de 2005. Tras ella se presentaron varios incidentes de inejecución de la sentencia que suponen que en noviembre de 2010 se emita un auto, por parte del juzgado, de suspensión provisional de la demolición de la vivienda. Sin embargo, los incidentes presentados no prosperan y en julio de 2011, la Junta pide el levantamiento de dicha suspensión provisional, intentado, por tanto, que se ejecute la sentencia de derribo.

El Ayuntamiento de Vera va a solicitar ahora que no se ejecute dicha sentencia en base a otra normativa también aprobada por la propia Junta de Andalucía, el Decreto 2/2012 de 10 de enero en el que se regularizan las viviendas en suelo no urbanizable común, como es el caso, porque la casa en cuestión cumple con los requisitos para que pueda ser regularizada en base a esta nueva normativa en aplicación.

El concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno municipal, José A. Fernández, no entiende cómo «la Junta de Andalucía no permite regularizar una vivienda que cumple los requisitos que ella misma establece y niega la posibilidad de regularizar una vivienda tanto a través del POTALA como del Decreto 2/2012 de 10 de enero». Considera que «vuelve a aplicarse por parte de la administración autonómica una política sectaria» y califica de total «irresponsabilidad la actitud de la Junta, más todavía cuando existen precedentes tan desafortunados como el de los Prior, cuya casa se demolió y, sin embargo, el procedimiento todavía no ha sentenciado sobre la legalidad de la licencia otorgada, con las nefastas consecuencias que el hecho ha acarreado no sólo a la familia Prior y a Vera, sino también a la imagen y turismo de la provincia, de la comunidad autónoma y del país».

Más grave consideran el comportamiento de la Junta cuando a través del Decreto se podrían legalizar grandes urbanizaciones en la provincia y, sin embargo, no se regulariza la situación de vecinos que lo único que han hecho ha sido construirse una vivienda en su terreno.

Desde el Ayuntamiento de Vera se quiere hacer «un llamamiento a la cordura y al sentido común» y a unos criterios imparciales.