Garrucha también se adhiere al Plan Montoro con 3,6 millones de euros de deuda a proveedores

Gracias a los votos del equipo de Gobierno, el municipio podrá adherirse al 'decreto Montoro', liquidando en su totalidad las obligaciones pendientes de pago a proveedores.

 

Durante su intervención en el pleno, celebrado el pasado 30 de marzo, el regidor expuso que, desde 2007, la deuda municipal se ha reducido en más de 10 millones de euros, pasando de 14 a 3,6 millones, cantidad que el Ejecutivo local remitirá ahora a Madrid.

Pese a que la medida supondrá un importante revulsivo para la economía local, "los concejales de la oposición no han querido ni votar", ha declarado Fernández, que se vio obligado a expulsar, tras numerosas interrupciones, a la portavoz socialista, María López, a la que decidieron acompañar el resto de ediles del PSOE. "Estoy convencido ?ha afirmado el alcalde- que buscaba que la echara. Habría sido muy difícil explicar a los ciudadanos un voto en contra o una abstención".

La sesión plenaria, de carácter extraordinario y urgente, dio luz verde también a un plan de ajuste presupuestario, en cumplimiento con los requisitos establecidos en el Decreto de pago a proveedores impulsado por el Gobierno central.

El primer edil y concejal de Hacienda ha recordado en este sentido que el Ayuntamiento trabaja desde hace años con "estrictos criterios de austeridad"; si bien avanza que en las próximas semanas se rescindirá el contrato con la empresa Urbaser, posibilitando un ahorro de 400.000 euros al año que no repercutirá en la calidad del servicio de limpieza y mantenimiento de jardines, que ahora asumirá el Consistorio.

"Es evidente que hoy el municipio no puede hacer frente a un contrato que ya era demasiado alto cuando se firmó. Durante meses hemos intentado renegociar a la baja, pero no ha sido posible", destacó Juan Francisco Fernández.

La rescisión del contrato con Urbaser es la principal medida que el equipo de Gobierno prevé dentro ese plan de ajuste para equilibrar las cuentas municipales. Con todo, de ser necesario, el Ejecutivo local podría en 2014 actualizar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), "aunque confiamos en no tener que hacer", apostilló el alcalde.