Desahuciados de su hogar y su trabajo, los inquilinos del Gnomo Feliz de Vera

El desahucio se alargó toda la mañana, primero por su oposición de abandonar el lugar tanto por parte de inquilinos como clientes y amigos, y después porque los funcionarios del juzgado no encontraron puertas a las que cambiar la cerradura.

Un desahucio especialmente llamativo se producía esta mañana en Vera, el de un restaurante y tres viviendas, y no por falta de pago. Un desahucio que afectaba a varias familias porque además de desalojar al matrimonio y sus hijos que vivían y trabajaban allí, se dejaba sin empleo a otras cuatro personas.

Nadie se lo había comunicado de forma oficial, pero sabían que ayer sobre las diez y media de la mañana llegarían desde el juzgado a efectuar el desahucio. Manuel Jiménez, un cartagenero que lleva más de treinta años trabajando en la zona del Levante, y Ausra Klikunaite, de nacionalidad lituana, estaban visiblemente nerviosos y afectados porque consideran que era un desahucio "totalmente ilegal", ya que ellos disponen de "un contrato con la promotora Ingofersa, por la que ésta alquila el restaurante y las viviendas de la finca, con más de 5.000 metros cuadrados, durante cinco años por un precio de 180.000 euros" al matrimonio. Allí viven ellos con sus hijos y dan trabajo a otras cuatro personas. Ayer esperaban la ejecución de la orden de desahucio, a pesar de que no tuvieron comunicación oficial, según explican, "tal y como pasó en febrero". En aquella ocasión, finalmente no se procedió al desalojo, pero esta vez sí. Aunque aseguran que no se van a marchar y se quedaron en la puerta del restaurante El Gnomo Feliz de Vera, junto a una treintena de personas más, entre amigos y clientes que se resistían también, de forma pacífica, al desahucio, con carteles y pancartas en las que señalaban a los que consideran los culpables de esta situación: 'Stop desahucios', 'Bancos y juzgados podridos. Delitos de bancos y políticos impunes', 'Estafa, miente y deja a cinco familias sin trabajo'. Ante la negativa primera, sobre las once de la mañana de marcharse, acudieron alrededor de media docena de agentes de la Guardia Civil, que dialogaron con Manuel y su esposa, aconsejándoles que abandonaran el lugar porque el desahucio ya estaba sentenciado. A las doce se les comunicó que tenían una hora para llevarse lo que quisieran y a las 13 horas se procedió al desalojo. Sacaron coches, algunas provisiones y helados para 'refrescar' el mal trago de los que acompañaban a la familia y unas pocas pertenencias más, pero se resistieron a dejar lo que era su casa y su negocio y se quedaron a las puertas del mismo. "No tenemos dónde ir, así que estaremos aquí", aseguraba Jiménez, un hombre de Cartagena que lleva treinta años en el Levante de Almería trabajando; su mujer, una lituana que portaba consigo toda la documentación del establecimiento, de sus licencias, del contrato de alquiler, de la demanda que han interpuesto al banco y al juzgado, y que se quejaba de que "no nos han querido escuchar, la jueza no ha aceptado nuestra documentación porque aseguraba que estaba fuera de plazo, hubo un juicio el 2 de abril en el que no pudimos mostrarle todos los documentos, no los aceptó y no entendemos por qué".

La historia se remonta al año 2009, asegura Ausra, "firmamos un contrato de alquiler del restaurante y tres viviendas en el año 2009 con la propietaria Ingofersa. Un año más tarde, en el 2010 el inmueble entra en subasta por una deuda que Ingofersa mantenía con el Banco Santander, pero hasta febrero de 2012 no nos enteramos de nada. Lo supimos porque se presentó aquí un funcionario del juzgado, con el procurador y un cerradero".

El lanzamiento de desahucio fue algo tenso en los primeros momentos, ante la negativa de los propios clientes de salir del establecimiento. Algunos de ellos pedían explicaciones de por qué precisamente ahora y con tanta prisa el desalojo, tanto ellos como los inquilinos entienden que debe haber algún "comprador" porque comienza la temporada de verano y el restaurante se sitúa en el cruce de Puerto Rey, un lugar especialmente turístico y con afluencia de público durante los meses estivales. El desahucio se prolongó ante la 'sorpresa' de funcionarios de justicia y guardia civil de no poder cambiar las cerraduras, porque no había puertas. "¿Dónde están las puertas? Hay que traerlas", le decían a Manuel. "Pregúntele al ladrón que se las haya llevado", respondía.

A Ausra y Manuel les quitaban ayer no sólo su casa, sino también su negocio y no por no pagar, sino porque no aparecen como legítimos inquilinos de la finca, tras haber sido ésta subastada al anterior propietario. Al Gnomo Feliz se le cambiaba esta mañana el nombre, pero sus inquilinos seguían este mediodía en su puerta.