Greenpeace estima en 7,3 millones de euros el coste de desmantelar el Algarrobico y recuperar la playa

El colectivo ecologista y el equipo técnico de arquitectos y expertos en medio ambiente n'UNDO han presentado este jueves un informe con el que se pretende demostrar que "el peor ejemplo del ladrillazo en la costa española puede pasar a ser ejemplo de creación de empleo y de sostenibilidad ambiental", según ha explicado la responsable de Costas, Pilar Marcos.

 

Y es que el informe, elaborado durante seis meses en base a más de planos de la construcción, prevé que en la demolición se podrían generar 379 puestos de trabajo, 530 horas de cursos, 150 personas formadas y casi 40.000 metros cúbicos de material recuperado, es decir, el 98 por ciento del edificio.

Esto se podría llevar a cabo gracias a lo que denominan una "demolición selectiva" que, frente a la tradicional que genera "una gran cantidad de residuos no seleccionados", pasa por el "aprovechamiento máximo de los recursos" y una reducción de los vertidos. Calculan que se tardaría unos 24 meses y permitiría ahorrar un 11 por ciento de los costes.

Técnicas contra incendios

El miembro de n'UNDO Alejandro del Castillo ha explicado que el informe, 'El Algarrobico, la oportunidad bajo los escombros', pretende que el edificio se convierta en "un centro de pruebas" de recuperación de entornos y un punto de encuentro de la I+D en el que se podrían ensayar técnicas contra incendios o de demolición ordenada. Además se convertiría en un proyecto educativo en el que implicar a colegios, institutos o universidades para enseñar campañas de recuperación ambiental.

En definitiva, se trata de "revertir la imagen negativa de El Algarrobico y de Carboneras" y, tras la demolición, la gestión y reciclaje de los residuos, la recuperación de la playa, el arroyo y el perfil de la montaña, tener un nuevo enfoque de cómo el turismo sostenible y medioambientalmente respetuoso es "un sector con futuro".

Permitiría convertir este caso en "referencia aplicable a otros muchos casos del litoral español" y que esos algo más de siete millones de euros "no fueran un gasto sino una inversión", han subrayado.

Marcos ha explicado que la diferencia entre la estimación del coste que propone el informe, que ha sido enviado a la Junta de Andalucía, el Gobierno central y el Ayuntamiento de Carboneras, y los entre 100 y 300 millones de euros que calculó la Administración General del Estado es que estas cantidades incluyen las indemnizaciones a Azata, algo con lo que no está de acuerdo Greenpeace ya que la promotora "sabía que estaba construyendo en la playa".