AN anula el despido de 149 empleados de Grupo Uribe al apreciar "fraude" y presiones "inadmisibles"

 

Indica la Sala de lo Social de la AN que, en la tramitación del proceso, ha quedado probado que las mercantiles del grupo "no actuaban propiamente" como empresas autónomas sino que se limitaban a actuar como "corifeos o apariencias de empresas que encubrían a la empresa real, que era el grupo en su conjunto y cuyo centro de operaciones se ejecutaba por Distribuidora Uribe".

El tribunal señala que es "revelador" que durante las negociaciones del periodo de consultas del ERE se negociará conjuntamente "quedando demostrada la unidad empresarial" y ve un "intento de generar confusión" por parte del grupo "mediante la formalización de actas diferencias" para cada una de las mercantiles.

Ahonda que, a la vista de ello, "no se respetó" el procedimiento previsto en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores ya que el "empresario real era el Grupo Uribe en su conjunto" y que resulta "evidente" que se incumplió, asimismo, lo dispuesto en la normativa al aportar solo la documentación de las tres empresas afectadas por ERE.

La Audiencia Nacional subraya que la "fragmentación" del despido colectivo, dividido "artificiosamente" en tres partes pese a que las empresas constituyen un grupo a efectos laborales, supuso una "quiebra del principio de buena fe" por parte de la patronal y le acusa de "intentar ocultar dicha negociación mediante la suscripción de actas diferenciadas".

Reprocha, en esta línea, que se siga adeudando a los empleados afectados por el despido los salarios de febrero a abril "aunque sí se los abonó al resto de empleados de la empresa", lo que, a juicio de la sala, constituye una "presión intolerable que vicia el periodo de consultas" ya que el impago selectivo de los salarios "no es sino un trato peroyativo, que no podía tener más finalidad que forzar la conformidad de los representantes de los trabajadores".

"Esto --concluye-- impidió que se negociará con el sosiego y el equilibrio necesarios desde su inicio, quebrándose de nuevo las reglas de la buena fe contractual exigible a las empresas demandadas".

La compañía Distribuidora Uribe S.A. y la mercantil Supermercados Super Olé, junto con otras tres empresas más del Grupo Uribe propiedad del que fuera presidente de la patronal almeriense hasta hace unas semanas, entraron en concurso voluntario de acreedores en junio después de dar cuenta al Juzgado de lo Mercantil de Almería del estado de "insolvencia" en la que se encuentran las empresas para las que se ha solicitado la tramitación acumulada del concurso, lo que afecta a más de 300 trabajadores e implica a 784 acreedores.