El hotel de El Algarrobico ‘tocado’ por ‘violar el dominio público’

 

El Tribunal, en una primera resolución, desestima los cuatro supuestos en los que se basaba la empresa para solicitar la casación y la anulación de la sentencia de la Audiencia. Básicamente lo que dice la justicia es que el Plan Parcial aprobado por el que se preveía la actuación urbanística de este edificio se podía haber adaptado a la nueva normativa y, de hecho, se debería haber adaptado a la misma para respetar los cien metros de servidumbre. Añade en la sentencia el TS, sacando a colación un informe de la autoridad competente (es decir, del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Consejería de Obras Publicas de la Junta de Andalucía relativo a la distancia de la servidumbre de protección en el sector ST-1, playa del Algarrobico de las NNSS de Carboneras, que obra a los folios 98 a 101 de la Carpeta de la Dirección General de Costas) que consideran muy importante, y por el cual consideran que "está probado a través de este informe es que el Plan Parcial no era incompatible con la Ley de Costas porque se podían cumplir las previsiones en ella contenidas en cuanto al retranqueo de edificación de 100 metros sin necesidad de modificarlo y sin perjudicar los aprovechamientos urbanísticos con derecho a indemnización».

Conocimiento de causa

Respecto a la posible indefensión de la promotora al no habérsele dado trámite de Audiencia sobre la decisión del cambio de anchura de la servidumbre, el TS afirma que «los terrenos los adquiere de la compañía Azata, S.A. mediante escritura de ampliación de capital otorgada el 23 de octubre de 2001, entregando a cambio y en contraprestación 136.000 participaciones societarias, lo que pone de manifiesto que Azata, S.A. y Azata del Sol, S.L. son sociedades participadas pertenecientes al mismo grupo empresarial. Por otro, el mismo actor relata en la demanda pags. 13 a 16) como Azata, S.A. formuló alegaciones en trámite de audiencia a la modificación sobrevenida de la servidumbre de protección y que dichas alegaciones tuvieron entrada en el Registro de la Dirección General de Costas en fecha 27 de septiembre de 2004. En definitiva, ninguna indefensión se ha producido...».

Más contundente se muestra el Alto Tribunal en una segunda resolución respecto a las críticas de la promotora al proceder del Ministerio. Asegura que «no está en lo cierto» cuando asienta su confianza legítima en que se contaba con Plan Parcial, con una subvención de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Junta de Andalucía para la inscripción del hotel de cuatro estrellas en el Registro de establecimientos y actividades turísticas y también con licencia de obras cuando "todavía en el expediente de deslinde la servidumbre de protección del sector figuraba con una anchura de veinte metros" o que obtuvo calificación ambiental favorable y la licencia de actividad, y, por consiguiente, "no había indicio alguno que hiciera dudar de la legalidad de la edificación autorizada". Según el Supremo, «el deslinde, al que estaba sujeto la zona, sólo había sido aprobado provisionalmente con una anchura también provisional de vente metros para la servidumbre de protección».

«Fueron, por tanto, sus cálculos precipitados -añade - aunque la revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras se hubiesen aprobado definitivamente, con el visto bueno de la Administración del Estado, el 28 de enero de 1998, y en ellas se hubiese señalado la anchura de la servidumbre de protección en 50 metros ya que el procedimiento de deslinde estaba en tramitación y la anchura de la servidumbre de protección no había sido determinada definitivamente».

La sentencia cierra de nuevo la puerta de este modo a la indemnización reclamada por la promotora del establecimiento hotelero tal y como hizo la Audiencia Nacional en el fallo recurrido en casación y remarca que, como cualquier propietario de suelo, tiene el deber jurídico de soportar la anchura de la servidumbre de protección legalmente establecida.

El golpe definitivo

Las organizaciones ecologistas, como Salvemos Mojácar y Greenpeace no han demorado su satisfacción por la resolución del TS y han preguntado la Junta de Andalucía y Gobierno central «qué esperan para el derribo del hotel del Algarrobico». Para Jaime del Val, estas sentencias reflejan el "camino imparable" hacia la demolición del hotel. Y ha avanzado que «en breve haya sentencia firme contra la licencia de hotel por parte del TSJA, y ya no habrá más excusas para dilatar la sentencia». Las administraciones entonces, según Del Val, «no tendrán justificación alguna para su derribo», aunque «ya no la hay».

Por su parte, el secretario de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, considera que es «incomprensible» que se permitiera la construcción «cuando desde el principio se advirtió de su ilegalidad». Para Clavero queda que las administraciones «exijan a Azata del Sol la demolición con cargo a la propia empresa, como dice la ley». No obstante, añade que «si la promotora entiende que ha sido estafada porque le dieron licencia para el proyecto, que se querelle contra el alcalde o consejero de turno que se la otorgó».

«No tiene escape» y no queda más que derruirlo, ha dicho el abogado que representa a las organizaciones cívicas y ecologistas que han protestado legalmente esa edificación, José Ignacio Domínguez, quién también señaló que queda una última sentencia que será definitiva, y que «está al caer», la del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) sobre la licencia de obras que obtuvo en 2003 el complejo turístico. «Ése será el golpe definitivo».