Juzgan el 14 de diciembre a presidente de UD Almería y a un exconsejero de Murcia por 300 viviendas en Cuevas

 

Esta nueva parte, una familia de nacionalidad británica a la que el juzgado instructor no comunicó la existencia de un proceso penal pese a que el Ministerio Público interesa la demolición de lo construido, deberá ejercer acciones junto al fiscal en la vista oral.

La Fiscalía formula acusación, asimismo, contra Antonio S.H., Carlos P.M., Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G., para los que solicita también penas de un año de prisión, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio.

Según recoge el escrito de acusación, en el periodo de tiempo comprendido entre abril y octubre de 2005, el presidente de la UD Almería como representante legal de la mercantil 'Aesur SL' y Antonio S.H. por la empresa 'Huma Mediterráneo SL' en calidad de promotoras, y por otro lado, la mercantil Ferrovial Agroman SA como constructora teniendo como representante a Carlos P.M., iniciaron la construcción de un residencial en el paraje denominado Llanos de Jordana, en Cuevas del Almanzora.

De la citada urbanización, en el que se proyectaban en un primera fase y bajo el nombre de 'Almanzora Country Club' un total de 1.794 viviendas, se llegaron a levantar y concluir 300 inmuebles en terreno clasificado como suelo no urbanizable. El fiscal resalta que estas "no serían autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio", por lo que, además, "carecerían de la licencia municipal preceptiva".

OBRAS DE URBANIZACIÓN

Para realizar las obras, los acusados, entre los que se incluye el resto en calidad de arquitectos y técnicos directores, contaron con la intervención del exconsejero murciano, quien al ser ingeniero "proyectó y dirigió las obras de urbanización necesarias", tal y como señala el escrito, para la posterior edificación.

En concreto, atribuye a Juan José Padilla Cánovas, quien ostentó la titularidad de la Consejería de Política e Infraestructura Territorial durante las dos primeras legislaturas y hasta 1987, la realización de la nivelación de terrenos, la canalización, los saneamientos y los sistemas generales, entre otras actuaciones.

Para el Ministerio Público, todos los acusados, "debido --remarca-- a su cualificación profesional", sabían no solo de la inexistencia de la licencia municipal de obras, "sino también de la imposibilidad de poder obtenerla por contravenir su edificación las normas urbanísticas aplicables".

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería deberá resolver, asimismo, una vez se celebre el juicio, si procede la demolición de lo construido y urbanizado, y, si tal y como interesa la Fiscalía, se debe reponer el terreno a su primitivo estado concediendo un plazo "razonable" de seis meses a los acusados o, en su defecto, a la Junta de Andalucía a cargo solidario de los acusados o subsidiariamente las tres mercantiles impulsoras del residencial.