Juez pide nuevas diligencias para determinar si el exalcalde de Carboneras cometió delito electoral

 

En el primer auto con este requerimiento, la jueza daba a las operadoras un plazo de 72 horas a partir de la recepción de la orden para ejecutarla. En esta resolución, justificaba la intervención del derecho al secreto de las comunicaciones en que, en el estado actual de la instrucción, se trataría de la "única vía de investigación para el esclarecimiento" de los hechos, por lo que concurrirían los presupuestos necesarios para acordar la medida de carácter excepcional".

"Los teléfonos móviles debían de tener un titular, y salvo que se tratara de antiguas tarjetas que no precisaban identificación a su compra, es necesario determinar la naturaleza y circunstancias de tales hechos y la identidad de las personas intervinientes", según señala.

Ruiz Aguado, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le "sorprendió" tirando a un contenedor de basura una bolsa de plástico que contenía, entre otros documentos, anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vera dispuso también que la Policía Local de Garrucha "constatase la existencia de las obras" que detalla la acusación particular ejercida por el letrado Enrique José Cerrudo y que aparecen mencionadas en el atestado policial y que se pudieron identificar tras recomponer el "detritus" en que quedaron convertidos los documentos.

Ordenaba, en esta línea, que se entrevistase a sus beneficiarios "a efectos de poder determinar si alguna de esas personas pudo votar por correo en base a la promesa recibida por los imputados". El fiscal, que informó favorablemente a la práctica de diligencias, indicó que lo "básico" era "localizar" una persona que "votara a petición de lo imputados en base a un favor a recibir".

La juez acordaba, asimismo, en la resolución que se determinase la titularidad de los números de teléfono que figuraban en los documentos intervenidos, así como que se tomase cuerpo de escritura y se practicase la pericial caligráfica para verificar si Ruiz Aguado era el autor de las notas manuscritas.

La Audiencia Provincial de Almería ordenó en marzo de 2011 al juzgado instructor que continuase la causa abierta por un presunto delito electoral contra el exregidor al considerar que existían "indudablemente" toda una serie de "indicios racionales de criminalidad".

Reprochaba el tribunal a la Fiscalía, que entonces pidió el sobreseimiento de la causa contra Ruiz Aguado, el "contrasentido" de que estimase que existían indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretendiese "poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa".

La citada bolsa, según consta en el atestado policial, contenía un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto

HERMANA DEL EXALCALDE

La juez instructora ordenó a finales de 2010 incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la exprimera teniente de Alcalde de Carboneras (Almería), Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.

La exedil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el exregidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, seis meses antes de los comicios y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.

La juez atribuye en la causa la presunta autoría de un delito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tanto a Rosario Fernández, como a las exediles socialistas Josefa Cruz Orta y Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes.

Según se recogía en el auto, de la pruebas practicadas podía "deducirse" que la primera teniente de Alcalde carbonera cometió delito electoral cuando le dijo textualmente a una vecina "me vas a votar por correo, que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora". La citada vecina "fue a votar y le entregó la documentación" a Rosario Fernández.

"Ese mismo día --ahondaba la juez-- la concejal Josefa Ruiz Sáez le dijo que no se preocupara, porque iba a tener trabajo". En el caso de Josefa Ruiz Orta, con ayuda del otro imputado, Juan Cruz Cervantes, ésta le propuso a un empleado del último que fuera con ella a la oficina de correos donde el testigo "votó, recogió un sobre y se lo dio." A cambio, su jefe --añade la juez-- le "prometió un puesto de trabajo" mientras la edil le garantizaba, a su vez, que "le iban a permitir la apertura de una terraza en el bar".