Absuelto el presidente de la UD Almería por el caso de La Romana de Cuevas, la sentencia asegura que lo construido se puede legalizar

 

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que señala que García, como representante legal de Aesur SL, dueña de los terrenos "no urbanizables", acordó una permuta con 'Huma Mediterráneo' y Antonio S.H. a cambio de que, una vez construidas 1.204 viviendas, se le entregará el 15 por ciento de lo edificado.

Así, remarca el fallo que ha quedado acreditado que "ni Alfonso García", al que se imputaba un delito contra la ordenación del territorio, "ni nadie de su empresa" ha tenido una participación más allá de la cesión de los terrenos en 2002 a la citada mercantil "para que se encargase de urbanizar y construir", por lo que, según añade, no se le puede considerar "promotor de las obras" irregulares.

Con respecto a los arquitectos Diego G.S., Enrique D.P., José Francisco B.A. y Trinitario G.R., contratados por 'Huma Mediterráneo', indica que, si bien fueron encargados de realizar gran parte de los proyectos de las manzanas donde se iban a levantar las viviendas, "no consta que luego participaran en la dirección de obras" como "negaron ellos de forma rotunda sin que haya documento en autos en sentido contrario".

La sentencia absolutoria para Juan José Padilla Cánovas y Carlos P.M. la argumenta en el hecho de que su papel como director de las obras de urbanización "no puede ser considerado cooperador necesario del delito contra la ordenación del territorio al quedar fuera del texto legal" y en que las edificaciones se podrían haber hecho tanto si la urbanización estaba hecha como si no", según explica para remarcar que, además, no se ha determinado si era conocedor de que el suelo era no urbanizable.

Para condenar a Antonio S.H., indica el magistrado que no cabe discusión sobre que fue el promotor de las 300 viviendas y recuerda que, en el acto de juicio, reconoció que, pese a haber pagado "alrededor de un millón de euros en licencias" al Ayuntamiento de Cuevas, cuando comenzó a construir "no tenía aún la licencia, por lo que fue imprudente al iniciar la obra sin haber modificado la calificación del suelo y sin haber recibido licencia".

"Para este juzgador, se entiende que el Ayuntamiento haya tenido una actuación muy lejana a la legalidad urgente, no solo al firmar el convenio urbanístico sin haber cambiado la calificación del suelo y haber cobrado por licencias en un terreno rústico dedicado al sembrado de lechugas, sino también por haber permitido que se levantaran viviendas sin licencia alguna", añade.

La sentencia dictamina, asimismo, que no procede la demolición de lo construido al estimar que se trata de una medida "extraordinaria" y que el decreto impulsado por la Junta andaluza para regularizar la situación administrativa de viviendas fuera de ordenación permite su "legalización en la actualidad".

García y Padilla Cánovas se enfrentaban a una petición fiscal de una años de prisión al igual del resto de acusados, para los que se interesaba, asimismo, el pago de multas de 18 meses a razón de 30 euros al día y la inhabilitación especial para la profesión u oficio por un periodo de año y medio