Garrucha inicia trámites para cobrar los 2 millones de euros por la UE-6
El Ayuntamiento de Garrucha aprobaba en su último pleno y por unanimidad el inicio de la modificación puntual en la UE-6 necesaria para legalizar 28 viviendas que se construyeron de más en el sector y que supuso hace ya más de seis años una verdadera convulsión en la localidad. Dicha tramitación va condicionada al pago, por parte del promotor al Consistorio de más de dos millones de euros, en compensación por la irregularidad detectada, a consecuencia del baile de cifras en la superficie de la parcela en los planos.
Jennifer Simón Carrión
Martes, 10 de mayo 2016, 09:29
El debate plenario entre PP y PSOE se recrudeció cuando estos últimos, ahora en la oposición, pero en aquel momento en el Gobierno, remarcaron ... que «en el 2006, cuando nosotros propusimos dicho convenio, el PP nos colocó en el mapa de la corrupción y nos hicieron mucho daño moral, personal y político; y ahora pasado el tiempo, es el Partido Popular el que trae a pleno dicha moción arropada en el convenio que nosotros firmamos». Los populares aseguraron que «todavía hay causas abiertas respecto al tema, pero no vamos a mirar al pasado, sino al futuro, y nos guste más o menos, tenemos que llevar esto a cabo por el beneficio del municipio de Garrucha», decía el alcalde Juan Francisco Fernández durante la sesión de pleno.
Años de resolución
La historia de la UE-6 en Garrucha, situada junto al Castillo Jesús Nazareno, trajo mucha polémica y titulares en la prensa y comienza cuando se detecta que la promotora ha edificado en la parcela 28 viviendas más de las que se correspondía por el número de metros cuadrados de la misma, ya que figuraban 26.000 metros cuadrados, cuando en realidad había 21.000.
Ante esto, el Ayuntamiento garruchero, entonces gobernado por Andrés Segura, propone un convenio que firma la constructora en el año 2006, por el que el Consistorio se compromete a iniciar la modificación puntual de las Normas Subsidiarias y ordenar la superficie de la parcela, a cambio de una compensación de algo más de dos millones de euros, tras valorar el beneficio que el exceso de edificación podía suponer para el promotor.
Sin embargo, la empresa, tras eso, recurre a los juzgados «asegurando que había habido coacción en dicha firma», tal y como explica la portavoz socialista en Garrucha, María López, «pero, en diciembre de 2011, la justicia da la razón al Ayuntamiento de Garrucha y considera que el convenio urbanístico se ajusta a derecho y reúne los elementos de consentimiento, objeto y causa».
Para López, esto «ratifica lo que en todo momento sostuvo el equipo de gobierno socialista. Se luchó por esa compensación económica y se firmó un convenio que el PP utilizó políticamente y se nos tachó de corruptos, ahora deberían pedir perdón».
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