Salvador Hernández, responde a las acusaciones que el grupo ecologista ‘Salvemos Mojácar’ le atribuye en relación a ‘El Algarrobico’

Y es que según el alcalde, "el delito por presunta irregularidad, supuestamente por no haber realizado la adaptación de la última sentencia dictada por parte el Tribunal Supremo a las normas urbanísticas, no es tal, porque, en primer lugar hay que recordar que las regulación urbanística que ha regido en Carboneras, previa su publicación, ha precisado de los informes sectoriales oportunos, incluido el de la Delegación Provincial de Costas, y su posterior aprobación por parte de las autoridades autonómicas. Y en el presente supuesto, tras una modificación de la zona de servidumbre de los 20 a los 100 metros supuso un cambio en el deslinde, afectando más terrenos que los iniciales y por tanto, habría que entrar en un proceso adquisición de terrenos para el dominio público, y donde la propia Ley de Costas establece, la competencia atribuida directamente a manos del Estado que es el que se tendría que hacer cargo, o lo que es lo mismo, llevar la actuación que determine".

 

Por otro lado, el alcalde de Carboneras también ha hablado acerca de otro procedimiento abierto en Granada dentro del Tribunal Superior de Justicia mediante el cual, la organización ecologista que solicita las consecuencias penales para Salvador Hernández, en el que se recurrió la adaptación de las normas subsidiaras de Carboneras (impugnación de las mismas), solicitó unas medidas cautelares a fin de que no se aplicase la normativa que se estaba intentado adaptar, a lo cual el Ayuntamiento se opuso en su día, y el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, determinó suspender la aplicación de las zonas C3 y D2, zonas en la que está incluido 'El Algarrobico'.

Asimismo, Salvador Hernández ha hablado acerca de los procesos administrativos y judiciales abiertos, y no concluidos, y que, además, "son numerosos los intentos que han pretendido modificación del estado actual de la zona, en distintas actuaciones en los Juzgados de Almería o en el propio Tribunal Superior de Justicia en Granada, pero en uno y otro caso han determinado una actitud de cautela, rechazando todas y cada una de sus peticiones, y por ello con esta acción penal lo que pretenden es soslayar la vía contenciosa administrativa para hacerlo por la vía penal, cuando la primera todavía no se ha agotado, en el caso de la adaptación de las normas subsidiarias de Carboneras. Además está el hecho nada desdeñable y muy importante de que el Derecho Penal debe actuar como última instancia, hecho que no está ocurriendo aquí. Por otro lado, no hay que olvidar que quien tiene la competencia en materia urbanística, es quien tiene la última palabra en éste sentido, no siendo los ayuntamientos los que dan su última palabra".

Otro de los puntos que ha querido matizar el edil es que "este auto de suspensión de la adaptación de las normas subsidiarias, lo que decía es que se suspendía en los puntos señalados, porque el decreto de la Junta de Andalucía para dicha Adaptación determinaba que lo que no se podía era ni calificar ni descalificar terrenos ya preexistentes. Lo que había que hacer era adaptar la normativa local al nuevo marco regulatorio, y eso es lo que hizo el Ayuntamiento en su día. En ningún caso lo que hizo fue ampliar nada, ni los terrenos. En el ejercicio de mis funciones he sido en todo momento respetuoso y cumplidor de todas las resoluciones judiciales habidas, y a día de hoy no ha existido ninguna que no haya sido llevada a término, distinto es, que el Ayuntamiento dentro de su capacidad de actuación pueda realizar determinados actos por que la ley no se lo permite, por ser otras administraciones las implicadas. Y este es el motivo por el que no sólo tengo la conciencia tranquila, sino que estoy muy sereno", ha concluido Salvador Hernández.