Piden siete años a exalcalde de Garrucha por presunta prevaricación y extorsión a una constructora

La misma pena de cárcel interesa para el exedil de Urbanismo Martín López, y el abogado J.M.L.H. mientras que el secretario municipal J.L.P.T., y los también procesados M.J.P.F. y J.M.E.R., arquitecto y técnico municipales, se enfrentan a penas de doce meses de prisión e inhabilitación por un periodo que oscila entre los 28 y los siete años.

 

La Fiscalía resolvió no formular acusación en este caso y solicitó en un informe emitido en julio de 2012 el sobreseimiento de las actuaciones al no apreciar indicios de delito en los hechos relatados en la querella y al entender que el convenio urbanístico objeto del litigio es "conforme a derecho y revestido de los elementos necesarios de consentimiento, objeto y causa" tal y como se recogía en una sentencia de los contencioso-administrativo.

El auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, fija una fianza de 2,4 millones de euros al Ayuntamiento de Garrucha y a la Diputación Provincial de Almería en concepto de responsables civiles subsidiarios y ordena traslado del procedimiento a los juzgados de lo Penal. La administración ha alegado contra la caución.

El escrito de acusación de 40 páginas recoge que la mercantil adquirió en 2003 por más de seis millones de euros una finca conocida como UE-6. Dicha unidad de ejecución, según los querellantes, tenía 26.692 metros cuadrados de extensión de acuerdo a la ficha urbanística aunque "los planos de ordenación" de las Normas Subsidiarias (NNSS) recogían una superficie de solo 21.000 metros cuadrados urbanizables por motivos que califican de "desconocidos".

En septiembre de ese año, el Ayuntamiento otorgó licencia de obras para la construcción de 134 viviendas en esa unidad de ejecución aunque, en 2004, continúa relatando, "saltó a la luz pública el error material antes referido y los medios de comunicación locales llegaron a calificar lo sucedido como el mayor pelotazo urbanístico de la historia del municipio".

Según la acusación, esto provocó que el Consistorio iniciase la revisión de oficio de la licencia, lo que derivó en la suspensión y paralización de la obra, "pese a que el exalcalde, López Peña y, por supuesto, el secretario municipal tenían plena conciencia --sostiene-- de la plena ilegalidad" de la citada revisión "ya que la ficha urbanística de la UE-6 reflejaba y refleja una superficie de 26.692 metros cuadrados".

En marzo de 2005, el pleno levantó la suspensión de la construcción de las 134 viviendas tras un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía, que señalaba que resultaba "incuestionable que la licencia se había otorgado con plena sujeción a legalidad vigente". A partir de este punto, siempre según la mercantil querellante, "comenzó una campaña de acoso y amenazas a sus representantes para tratar de obtener nuevas contraprestaciones económicas, justificadas en supuesto aprovechamiento de la edificabilidad".

"PRECIO POLÍTICO"

Así, en el transcurso de una reunión que se habría celebrado en junio de 2005, el abogado J.M.L.H. demandó presuntamente a los administradores de Hermanos Muñoz "firmar un convenio urbanístico nuevo con el Ayuntamiento de Garrucha en el que entregase a este tres millones de euros en contraprestación al pretendido aumento de aprovechamiento de edificabilidad por la diferencia de metros existente entre la ficha y el plano de la UE-6".

Les habría advertido, además, supuestamente, "de que, en caso contrario, no sería concedida la oportuna licencia de primera ocupación ni siquiera respecto a las 106 viviendas no problemáticas correspondientes los indiscutidos 21.000 metros cuadrados y presentarían una denuncia contra el arquitecto de la compañía por delitos de falsedad en el estudio detalle, y de estafa" que, finalmente se presentó y se inadmitió, según indica.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, detalla que, en marzo de 2006, "en plena connivencia", los acusados se habrían servido de "informes que daban pretendido amparo legal" para promover la revisión de oficio del convenio urbanístico de la finca objeto de litigio por "estar afectado de un error respecto a la superficie real de la unidad de ejecución" y "pese a la flagrante y clamorosa ilegalidad del acuerdo que pretendía tomarse".

A partir de este momento, según los querellantes, Segura, López Peña y J.M.L.H., habrían "continuado presionando para obtener 'precio político' a cambio de solucionar la situación creada y conceder la licencia de ocupación" a los administradores de Hermanos Muñoz, quienes --resalta-- "se volvieron a resistir a aceptar el chantaje pese a que los compradores de los pisos habían empezado a rescindir contratos por retrasos en la entrega de llaves y otros realizaban insistentes y continuos requerimientos".

La acusación particular asegura que los acusados actuaron desde la administración para "dilatar el proceso de obtención de la licencia de primera ocupación" con el fin de que "la situación de la empresa fuera casa día más insostenible tanto financieramente, como con sus compradores" y precisa que, en este proceso, "sus administradores se convencieron de que nunca se iba a otorgar si, previamente, no se pasaba por caja".

"CHANTAJE"

Así, para "poder obtener la licencia que fraudulenta y coercitivamente se les estaba negando", habrían concertado una reunión con el exalcalde, el exconcejal de Urbanismo, el secretario municipal, el arquitecto y el abogado, quienes "en primera persona, manifestaron que para solucionar el problema existente y que se les concediera licencia de primera ocupación, Hermanos Muñoz debería pagar al Ayuntamiento una cantidad en torno a dos millones de euros", condición --ahonda-- "que no tuvieron más remedio que aceptar ante la insostenible situación a la que se habían visto abocados".

La "fórmula" por la que se "plasmo el acuerdo" fue, según indica, la firma de un "nuevo convenio urbanístico". Una concedida la licencia de primera ocupación para las 106 viviendas "sin discusión", los querellantes "debían pagar a cuenta 150.000 euros" . "El resto del precio, una vez deducida esta cuantía, se pagaría una vez publicada en el BOP la aprobación definitiva de la modificación del ámbito de la UE-6 y del estudio detalle", afirma.

"A continuación de la firma del convenio urbanístico, y en ese mismo día 11 de agosto en que se vio obligada a pagar el 'precio político', el 'chantaje' al que había sido sometida por los acusados, el alcalde acordó la concesión de la licencia de primera ocupación a las 106 viviendas aunque denegó de forma claramente injusta e ilegal el permiso sobre otras 28 viviendas".