PSOE critica el despido "por motivos políticos" de empleados municipales del Ayuntamiento de Carboneras

 

Según ha detallado Amérigo, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (Gicar), contrató tres meses después de que PP y Gicar llegaran al gobierno carbonero "a una empresa sin experiencia en el ámbito económico-financiero" para que realizara un análisis de la situación de las arcas municipales "e ignorando las competencias y estudios previos realizados por el interventor municipal".

Esta empresa "que ha cobrado 46.400 euros por sus trabajos al Consistorio", emitió un informe en el que aseguraba que el Ayuntamiento tenía un remanente negativo superior a los cinco millones de euros. El documento, según la información manejada por el PSOE, se realizó por la empresa "pese a que no estaba dada de alta en el Registro Mercantil y utilizando la rúbrica de un funcionario del Ayuntamiento de Almería que resultó ser hijo de la administradora única de la entidad, sin colegiación ni formación alguna en este ámbito", según mantiene el PSOE.

Ese informe, ha señalado el portavoz socialista, "sirvió como coartada al alcalde para realizar los despidos" al basarse en la "alarmante situación económica del Ayuntamiento". No obstante, un mes después de la emisión del informe de la empresa privada, las cuentas municipales de 2011 revelaron un remanente positivo de 553.367 euros "frente a los cinco millones en negativo defendidos por PP y Gicar".

Ante esta situación, el PSOE solicitó la celebración de un pleno extraordinario con el objeto de revocar los despidos "y fue durante la celebración del mismo --ha ahondado el dirigente socialista-- cuando el portavoz del PP, Salvador Alarcón, mostró de manera descarada cómo el móvil de los despidos había sido única y exclusivamente político como finalmente han recogido las diferentes sentencias que han obligado a readmitir a los trabajadores".

"Es indignante que, en total, los carboneros tengamos que pagar más de 200.000 euros de nuestros bolsillos para abonar indemnizaciones, informes y defensa jurídica del Ayuntamiento por el capricho y la revancha política del PP y de Gicar, quienes deberían de preservar el Ayuntamiento como un espacio con las puertas abiertas en el que a ningún trabajador se le pida el carné de afiliación a ningún partido político", ha considerado Amérigo.

SENTENCIA

En su sentencia, consultada por Europa Press, el Juzgado de lo Social número 4 de Almería ordena la readmisión inmediata de una de los tres trabajadores despedidos al considerar que este se produjo con "vulneración de sus derechos fundamentales, obedeciendo a su pertenencia al partido político en la oposición", en alusión al PSOE.

El juez fundamenta el fallo en unas declaraciones del portavoz del PP en un pleno, en las que, según recoge, aseguró que la demandante "fue en su día contratada a dedo por el gobierno municipal socialista y que fue despedida por el gobierno popular dada la desastrosa situación económica que dejó el socialista en el ayuntamiento".

Señala que, si bien estas "no acreditan directamente el móvil político" en la extinción contractual, "sí, al menos, resulta discriminatorio por afectar precisamente a quien en párrafo inmediatamente posterior se califica como militante del PSOE activo y provechoso, sin justificación acreditada de los motivos concurrentes para el despido de esta trabajadora en concreto y no de cualquier otro".

La resolución, que obliga al Ayuntamiento a abonar 22.624,8 euros a la trabajadora en concepto de salarios de tramitación, considera que no ha quedado probada la concurrencia de la causa económica alegada por el Consistorio para el despido objetivo ni la duplicidad de puesto "como se ha dicho por la demandada".

En concreto, apunta que el informe de una consultora esgrimido por el Ayuntamiento "choca frontalmente" con los informes emitidos "tanto antes como después" por el interventor municipal y subraya que, si bien el de la consultora sostiene que el ingreso mensual del Ayuntamiento "no cubre los gastos del mismos, con un volumen de gasto mensual de 500.000 euros", el interventor, en informes de 2011 y 2012, indica un "superávit del 19,13 y el 11,6 por ciento, respectivamente".