Nueva 'guerra del agua' en el Levante a costa de los 'THM' y los ciudadanos

 

Alarma o información

Mientras tanto, ayer, la noticia del 'agua que podía producir cáncer' ya había 'salpicado' a toda la comarca, y muchos niños llegaban a casa diciendo que ya no podían llenar las botellas del agua de las fuentes que había en el colegio. Lo dicho por Galasa, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía no convence en la zona, y aunque nunca se ha bebido ni cocinado con el agua del grifo, muchas viviendas sí tienen instalado un sistema doméstico de ósmosis inversa que serviría para purificar el agua, pero que, según cuentan, no sirve para eliminar o nivelar los índices de THM. Es decir, los vecinos con plantas de ósmosis han consumido el agua sin saber que se había producido un cambio en su composición y que existía ese parámetro por encima de lo establecido por la normativa (115 microgramos por litro, 15 más de lo establecido).

«No ha habido ni hay riesgo para la población», decía el martes el gerente de Galasa, Juan Ignacio Moya. «SE ha creado una alarma innecesaria», aseguraba el presidente de la Diputación, Gabriel Amat. Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los THM podrían resultar cancerígenos con una serie de condiciones de exposición o por la ingesta continuada en el tiempo. Sin embargo, el diputado provincial de Izquierda Unida, Juan Pablo Yakubiuk dice no entender porqué las medidas se toman ahora y no cuando se detectó el problema y le reprocha a Amat que «donde él ve alerta a los vecinos nosotros vemos derecho a la información».

PSOE que no, PP que sí

«Si el delegado territorial de Salud, Alfredo Valdivia, dice que no es apta para el consumo, yo digo todo lo contrario y recomiendo a los ciudadanos que usen el agua», indicaba ayer en declaraciones a los periodistas Javier Aureliano García, quien demandaba a la Junta «responsabilidad». «Han alarmado y alarman a la población de manera innecesaria porque no corría riesgo la salud en ningún caso», apuntillaba.

Al hilo de esto, García defendía la actuación de la Diputación Provincial, que «lo primero que hizo fue comunicar a Salud la situación como es su obligación», y la «eficacia» en la respuesta. «A partir de ese mismo día dijimos que íbamos a construir una planta de dicloro para intentar bajar los niveles de trihalometanos (THM) y eso estamos haciendo para cumplir la directiva europea».

El diputado provincial señalaba que la solución de captar el agua para abastecimiento humano de la desaladora de Carboneras se ha podido aplicar «ahora» ya que la mayoría de las conducciones quedaron inutilizadas en las riadas. «Hemos actuado lo más rápido posible y sin perder un minuto», remarcaba.

Por su parte, el delegado de Salud acusaba «al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de usar el agua como arma arrojadiza en la disputa política», cuando es un problema que se remonta a 20 años atrás, y advertía que la declaración de aptitud corresponde a la autoridad sanitaria «y no a las gestoras del agua».

«Vamos a ser responsables porque que el agua en esta zona no es apta para consumo se sabe desde 1994. Lo sabe Galasa y lo sabe el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, quien debe dejar de tirar balones fuera y matar al mensajero para disponer los medios necesarios para solucionar el problema», decía Valdivia, al que poco después le respondía el vicepresidente de la Diputación, con un: «es una muestra de la irresponsabilidad del equipo de gobierno socialista que, en ocho años al frente de la institución, no tomó medidas». «Si el problema es de toda la vida, quién es el irresponsable, quién tiene competencias en salud pública», se preguntaba García.

No apta

Sea como fuere, Valdivia trasladaba ayer que el agua que abastece desde este martes a once municipios de la provincia y que procede de la desaladora de Carboneras aún no tiene la declaración de apta para el consumo e indicaba que serán precisas varias «analíticas de control» que se harán «a la mayor brevedad posible» para revocar la resolución de no apta que se dictó hace unos días.

«La obligación de Salud es vigilar para que se cumplan los parámetros y avisar para que se tomen medidas» decía la jefa de servicio de la delegación de Salud, Pilar Barroso. «La resolución de no aptitud sigue vigente hasta que las analíticas sean estables y se de una nueva resolución».

Al hilo de esto, y tras matizar que no se les ha remitido comunicación oficial del abastecimiento con agua de Carboneras, Barroso explicaba que, en primer lugar, habrá que contrastar que las captaciones se están realizando de la desaladora y que «llegan a todos los pueblos». «A partir de ahí, se hacen varias analíticas para comprobar la estabilidad de los niveles de los parámetros», decía.

Las aguas 'turbias' crecen y alimentan la polémica política.