Expulsión de Simpson del pleno de Mojácar, abandono de la oposición y aprobación de un norma de ruidos que dice la alcaldesa que regula comportamientos

ya que en un punto del debate, mientras intervenía la alcaldesa, Rosa María Cano, y tras tres advertencias a Simpson, expulsaba a la concejala y toda la oposición abandonaba el pleno en señal de desacuerdo, aunque la primera edil lo interpretaba como que se habían quedado sin argumentos para rebatir las justificaciones que estaba dando respecto a la desestimación de la mayoría de alegaciones presentadas a la ordenanza. Ésta se aprobaba con la sola presencia del equipo de Gobierno popular.

Entrando en la cuestión, el inicio de la moción para la aprobación definitiva de la ordenanza lo daba la regidora matizando que «el origen de la norma viene de las múltiples quejas de ciudadanos por molestias de veladores, comportamientos inadecuados en vías públicas, apartamentos o viviendas. Es una competencia municipal tal y como indica el artículo 4.2 del Decreto 6/2012 de Andalucía y no tiene nada que ver con los ruidos de las actividades de locales. Lo que regular esta ordenanza son comportamientos de los vecinos, no el ruido de las actividades».

Muchas de las alegaciones se quejaban de la falta de objetividad a la hora de establecer cuando un ruido puede ser o no molesto, para desestimar esto la alcaldesa se apoyó no sólo en los servicios jurídicos del Ayuntamiento y sus informes, sino también en «los de la dirección general de la consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de laJunta de Andalucía». Con este informe que leía la alcaldesa alegaba que «Mojácar aprobará una ordenanza que establezca los límites acústicos y de actividades que se regulen en decibelios, pero eso no es motivo de esta ordenanza, será otra que se redacte en su momento». Y lo comparaba, cuando se hablaba de la subjetividad del agente local que establezca la posible sanción que «viene a ser como la conducción temeraria, no se mide como la velocidad, pero se puede imponer infracción cuando la autoridad con todos los criterios pertinentes y de manera objetivo así lo estima».

La edil de MPSM insistió en replicar que la ordenanza «se dice reguladora de ruidos no de comportamientos humanos», consideraba que «es anticonstitucional y atenta a varios artículos como el 21.1, el 25.1; es un ataque a las libertades y derechos individuales, que defenderemos donde haga falta», manifestó igualmente que «la norma afecta negativamente social y económicamente al municipio. No sé si está al tanto, pero aquí se vive del turismo, que viene a descansar y a disfrutar y esta ordenanza recorta la oferta de ocio y crea un negativo impacto a los empresarios de servicios y proveedores de estos con un efecto dominó».

Alegaciones y padrones

La alcaldesa de Mojácar aseguró ayer en la sesión plenaria que le sorprendió que una de las alegaciones estuviera apoyada por más de 1.500 firmas. «Ojeé las firmas y mi sorpresa fue que no conocía a nadie y me fui al padrón municipal y comprobé las 700 primeras firmas. Comprobé que de esos sólo 31 eran personas empadronadas en Mojácar (un 4,4% de los firmantes). Se han recogido firmas, por lo tanto, en los locales, de gente de otros pueblos o que vienen los fines de semana. Mi respeto a todos los que alegan, puede hacerlo el que quiera, pero para mí no es significativo. Esta ordenanza vela por los residentes y turistas y sus quejas por las molestias que tienen».

Simpson reprochó esta actitud a la alcaldesa, asegurando que no creía que fuera necesario que buscara si las personas que firmaban vivían o no en Mojácar, «si firman será porque en algo les afectará o perjudicará la ordenanza y debería respetarlo» y le preguntaba: «¿también comprueba si las personas que se quejan por ruidos viven o no en Mojácar?».