La urbanización del Algarrobico se mantuvo por informes de la Junta

 

En relación al auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en 2008, consideró que la normativa ambiental aprobada por la Junta ese año podría "reactivar el uso turístico" del hotel y ordenaba restablecer el nivel de protección que el paraje tenía en la normativa derogada, aseguró que se guió por la "planimetría usada durante 14 años por el Ayuntamiento y remitida" por la Consejería de Medio Ambiente que lo clasificaba como "no incompatible con el uso urbanístico".

Indicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vera, ante la que prestó testimonio el viernes como testigo, que "desconocía" la "falta de validez" de esa cartografía que le había enviado la administración autonómica al Consistorio carbonero y que, por tanto, "pensaba que esa era la que tenía que utilizar".

En concreto, hizo alusión a una cartografía con la que se corrigieron errores en la normativa ambiental aprobada en 1994 pero que no se publicó en BOJA. El juez que anuló en primera instancia la licencia municipal para el hotel de Azata del Sol la cuestionó atribuyendo a la Junta "una burda maniobra para sustituir la planimetría del del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicada oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra en terrenos de especial protección.

En su declaración como testigo, consultada por Europa Press, el asesor jurídico del Ayuntamiento carbonero entre los años 1999 y 2011 relató que para elaborar el informe en el que se basó la decisión de mantener en 2009 el sueño como urbanizable contó con tres informes, dos de Junta y otro del Ministerio de Medio Ambiente, y que, ante las "incongruencias" entre el nivel de protección del PORN de 1994 y la cartografía remitida y publicada en la web, siguió los "consejos de la Comisión Interdepartamental de la Junta de que prevaleciese la planimetría ambiental sobre la normativa urbanística" que se iba a aprobar.

A preguntas de los letrados de la defensa, que cambiar la calificación del suelo "correspondía" y que el decreto que permitía al Ayuntamiento adaptar la normativa urbanística a la LOUA "excluía competencias al Ayuntamiento para clasificar o desclasificar suelo".

Su testimonio ha sido el último en practicarse por el juzgado que instruye la causa después de que el 13 de agosto prestasen declaración como imputados el exalcalde socialista Cristóbal Fernández, los exediles en su gobierno y, en calidad de testigo, la que fuera directora del parque natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa Mendoza.