Alcalde de Carboneras "respeta" la decisión del TSJA, "una pieza más del puzzle del culebrón de El Algarrobico"

No obstante, Hernández ha señalado que, al margen de las "ilegalidades" que se hayan podido acometer en este asunto, "llegados a este punto, el menor daño que se haría a la sociedad y los ciudadanos sería abrir el hotel".

"Es una barbaridad que la Junta de Andalucía haya subvencionado la construcción de este hotel y ahora quiera demolerlo", esto es, "donde dijo digo, digo Diego", ha asegurado el alcalde de Carboneras, quien ha apuntado que "es una pieza más del puzzle del culebrón del hotel de El Algarrobico", que lleva más de siete años paralizados "sin producir nada", "nada más que daño a la imagen de Andalucía y del pueblo, por la inseguridad jurídica creada", ha añadido.

De esta manera, Hernández ha insistido en que la construcción del hotel se inició con un gobierno socialista, tanto en el Consistorio como en la Administración autonómica, así como que él ostenta la Alcaldía de Carboneras desde 2011. Es por ello que ha aseverado que "este culebrón forma parte del pasado socialista".

Estas declaraciones surgen a tenor de la resolución del TSJA, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Alto Tribunal ha dado validez al derecho de retracto ejercido por la Junta de Andalucía sobre cinco fincas propiedad de Azata y ha establecido que el suelo es, por tanto, de titularidad pública. Desestima, así, el recurso que elevó a la Sala de lo Contencioso-Administrativo el Ayuntamiento de Carboneras a la espera de resolver otros dos en el mismo sentido interpuestos por Azata SL y por Azata del Sol, constructora del hotel.

Las fincas fueron adquiridas por parte de la Administración autonómica por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones. Contra esta decisión aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).