El PSOE pedirá que se celebren plenos en los 26 municipios afectados por la modificación de los estatutos de Galasa

La secretaria de Política Municipal e Institucional del PSOE de Almería, Adela Segura, ha explicado que con los nuevos estatutos ?que no han sido ratificados por las corporaciones en pleno de los ayuntamientos accionistas, salvo en los casos de Pulpí y Garrucha, ni por los ayuntamientos colaboradores, los cuales ni siquiera tienen representación en la Junta General de Galasa? se obliga a los municipios a aceptar una serie de condiciones si quieren que Galasa les preste el servicio. Adela Segura ha advertido de que esas nuevas condiciones suponen "un atropello a los derechos de la ciudadanía y el secuestro de la autonomía municipal". Según ha explicado la responsable socialista, con los nuevos estatutos de Galasa, los ayuntamientos se verán obligados a ceder a la empresa pública todas las competencias en materia de agua, lo que quiere decir que no podrán contratar un servicio determinado con esta empresa, sino que tendrán que cederle la gestión integral del ciclo del agua. Este extremo provocará problemas en ayuntamientos que tengan otras concesionarias, ya que tendrán que rescindirles el contrato y pagarles una indemnización. En ese caso se encuentra el Ayuntamiento de Albox, cuyo alcalde, Rogelio Mena, ha asegurado que los nuevos estatutos de Galasa "son una amenaza a los ayuntamientos y van en contra del interés general". Además, con las nuevas "reglas del juego" los ayuntamientos tendrán que aceptar las tarifas que decida Galasa unilateralmente. Estas tarifas, según ha indicado Adela Segura, serán "las mismas en todos los municipios" y se calcularán "con independencia del coste que suponga la prestación del servicio". En este sentido, el concejal socialista Rodrigo Sánchez ha explicado que el Ayuntamiento de Turre tiene asumida la gestión directa del agua, y únicamente se la compra a Galasa, pese a lo cual "con los nuevos estatutos tendrá que cederle las instalaciones municipales a la empresa y tendrá que asumir el coste del agua que Galasa determine, sin que el Ayuntamiento tenga nada que decir". Traspaso de la deuda Además de estas consecuencias inmediatas, desde el PSOE de Almería también se ha advertido de que los nuevos estatutos comprometen a los ayuntamientos que en el futuro quieran abandonar Galasa. Según ha explicado Adela Segura, si un ayuntamiento accionista que no haya votado en contra de la aprobación de los nuevos estatutos o se haya abstenido pretende abandonar Galasa, tendrá que devolver el importe de las inversiones realizadas en su municipio y abonar a Galasa una parte de la deuda proporcional a la representación que ostente. Dado que Galasa tiene contabilizada una deuda financiera de 20,2 millones de euros, los ayuntamientos que quisieran abandonar tendrían que asumir como propia una deuda media de más de 770.000 euros. Posible privatización Los alcaldes y portavoces socialistas sospechan que, con la modificación de los estatutos, el PP pretende abrir el camino a la posible privatización de Galasa en un futuro. "Aunque el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, niega que se vaya a privatizar Galasa, sus hechos contradicen sus palabras, ya que lo primero que se ha aprobado es aumentar el valor de la empresa". Así, la Junta General de Accionistas celebrada el pasado 5 de julio propuso "revalorizar los activos" de la empresa, incrementándolos en más de 4,4 millones de euros. Textualmente, el acta de la Junta dice: "El resultado de la actualización es la absorción de los fondos propios, pasando de un importe negativo a uno positivo, lo que mejora nuestra imagen ante terceros interesados (...)". Segura ha aclarado que esta operación "facilitaría la privatización total o parcial" en el futuro de un negocio que es "una perita en dulce", ya que Galasa "ahora puede modificar las tarifas unilateralmente, sin contar con los ayuntamientos, y tiene entre el 95 y el 97% de garantía de cobro de facturas". La responsable socialista ha recordado que el agua es un servicio público de interés general que no puede dejarse en manos privadas y ha advertido de que "no se puede pasar de la burbuja inmobiliaria a la burbuja del agua".