La sentencia sobre el Algarrobico, el día 25

La sala remarca, asimismo, la "extensión del propio expediente administrativo" del hotel, compuesto por "10 cajas y cientos de planos y documentos", lo que hace "necesaria" la ampliación del plazo establecido para dictar sentencia, de la que será ponente el magistrado Rafael Toledano, ya que la vista se celebró el 14 de enero.

En la citada vista, desarrollada en audiencia pública, Abogacía del Estado y Junta de Andalucía solicitaron que se confirmase "íntegramente" la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería que ordena la revisión de oficio de la licencia y aseguraron que es "contraria" a las normativas sectoriales tanto de Costas como medioambiental.

Consideraron que la sala "no tiene más remedio" que declarar nulo de pleno derecho el acto administrativo por el que se aprobó la licencia ya que concurren los requisitos para considerar que la mercantil adquirió derechos contra el ordenamiento jurídico y estimaron "cosa juzgada" que vulnera la Ley de Costas de acuerdo a tres sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS)

Si bien ninguna de las dos administraciones, ni estatal ni autonómica, hicieron a la demolición de lo edificado en el paraje enclavado en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, sí la pidieron subsidiariamente Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar al interesar que se ordene al Ayuntamiento que dé inicio al expediente para "la demolición de lo construido y restablecimiento de la legalidad urbanística por ser ilegal e ilegalizable".

Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneras pidió la revocación del fallo dictado en 2008 y lamentó en sala que la Junta "haya estado más de 20 años prestando conformidad a las normas de planeamiento urbanístico relativas al hotel sin ningún tipo de impugnación ni deslegitimización de las Normas Subsidiarias (NNSS) o del Plan Parcial del sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel".

Azata del Sol, promotora del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, realizó un extenso alegato para justificar la legalidad de la licencia y destacó que cuando la sociedad adquirió los terrenos en 1999 a otras dos mercantiles, los vendedores, entre ellos "la Junta", trasladaron que el suelo "no estaba sujeto a ninguna limitación que resultara del parque natural".

Por último, aseguró que la "víctima" de "todas estas irregularidades" ha sido "una sociedad inversora que no ha ido a Almería a buscar problemas y que está sufriendo las gravísimas consecuencias de tanta irracionalidad" y a la que la administración autonómica --concluyó-- ha dejado en una situación de extrema debilidad".