Ecologistas contestan al TSJA que supieron del defecto en la vista del Algarrobico "en tiempo y forma"

El escrito presentado este lunes ante el TSJA, consultado por Europa Press y que adjunta documentación, indica que el momento y la forma en la que se tuvo conocimiento de la reincoporación de la magistrada María del Mar Jiménez Morera fue el viernes 7 de marzo de 2014, "cuando le fue notificada la providencia de fecha 24 de febrero de 2014 en el recurso 1295/08 donde consta que ya está de alta".

Añade que, a partir de tener conocimiento de que la magistrada ya se había incorporado a su destino, ambas partes realizaron "investigaciones oportunas" para poder constatar en qué fecha se dio de alta aunque, remarca, "sin haberlo conseguido hasta ahora" pese a que se solicitó a la sala que emitiese certificado de la fecha del alta.

Tres días hábiles anteriores a la presentación del escrito solicitando nulidad de actuaciones, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción explican que tuvieron acceso a dos sentencias de la magistrada, de fecha 10 de diciembre de 2013 y por tanto, anteriores al señalamiento y celebración de la vista.

"En resumen, el momento y la forma en que esta parte ha tenido conocimiento de que la magistrada María del Mar Jiménez Morera se encuentra de alta ha sido el pasado viernes día 7 de marzo de 2014, fecha en que nos ha sido notificada la providencia de fecha 24 de febrero de 2014 en el recurso 1295/08, seguido ante esta misma Sala y Sección. Las gestiones para averiguar la fecha exacta del alta no han dado resultado", concluye el escrito.

Cabe recordar que el incidente de nulidad planteado por Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, en el que se pide que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la celebración de la vista sostiene que el TSJA acordó el 6 de noviembre de 2013 designar como presidente y nuevo ponente al magistrado Rafael Toledano Cantero debido a la baja por enfermedad de la hasta entonces ponente, la magistrada María del Mar Jiménez Morera, y se acordó celebrar juicio sin que ninguna de las partes lo hubiese solicitado.

Señala que citada ponente se incorporó a su destino antes de la celebración del juicio, por lo que, según destacan Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, debió de ser la juez María del Mar Jiménez Morera quien decidiera si se celebraba o no el juicio, y quien participase en él, en caso de celebrarse.

La providencia dictada por el tribunal pretende determinar, al solicitar estas explicaciones, si procede admitir a trámite o no el incidente de nulidad ya que, según remarca, "resulta imprescindible" para su admisión que se haya planteado "dentro del plazo de 20 días desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión" que alegan los colectivos conservacionistas, que remarcan, además, que la decisión habría vulnerado el artículo 24 de la Constitución al negar el derecho a "un juez ordinario".

DEBEN PRONUNCIARSE EL RESTO DE PARTES EN CINCO DÍAS

La misma sección ya dio el día 19 traslado a las partes del incidente de nulidad planteado por Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción por presuntas irregularidades en el proceso para que se pronunciasen al respecto.

La diligencia de ordenación, consultada por Europa Press, acordaba unir al procedimiento el escrito elevado por ambos colectivos conservacionistas y da cinco días al Ayuntamiento de Carboneras, a Azata, a Junta de Andalucía y a Abogacía del Estado para que "manifiesten lo que a su derecho convenga" con respecto a esta petición.

Cabe recordar que pese a que la vista en audiencia pública se celebró el 14 de enero y que se anunció mediante una providencia notificada a las partes que se dictaría sentencia el 25 de febrero, el tribunal comunicó ese mismo día 25 que "continuaba deliberando" y que la resolución "se redactaría, notificaría a las partes y se haría pública en aproximadamente diez días".

El pasado 10 de febrero, la sala ya resolvió por primera vez ampliar el plazo para dictar sentencia y alegó para ello "la complejidad y la extensión de las actuaciones" que alcanzan los cuatro tomos y los 1.633 folios, así como el propio expediente administrativo "compuesto por diez cajas y cientos de planos y documentos".

"DEMORA INJUSTIFICADA"

Ecologistas en Acción trasladó el martes su "preocupación" ante las irregularidades detectadas en la causa y la demora "injustificada" en la publicación de la sentencia y advirtió de que, pese a las sentencias ya firmes que dictaminan que el hotel vulnera la Ley de Costas y se levanta sobre suelo no urbanizable de especial protección que hacían presagiar que el fallo llegaría "pronto", este "no llega aunque se informó a abogados y periodistas que se notificaría el pasado día 25 de febrero".

"No hay justificación para un retraso que se añade a muchos años de espera. El hotel, que empezó a levantarse en 2003, en pleno boom inmobiliario, permanece vacío y paralizado por orden de otro juzgado almeriense. Pero su derribo no se ha hecho efectivo hasta el momento a pesar de cerca de una veintena de sentencias condenatorias", lamentó.