"Con los difuntos no se juega", dice Felipe Cayuela, concejal de Carboneras

Carboneras aprobó en el último pleno municipal el reglamento que regula el funcionamiento del cementerio municipal, adecuando así el mismo a la ley que proviene del año 1955 y que estaba sin regular. El PSOE carbonero se opuso a dicho reglamento alegando que con él se «antepone la rentabilidad económica a la tranquilidad de las familias». Los socialistas aseguraron en diversos foros que, de esta forma, «se abre la puerta a un crematorio y se elimina la perpetuidad de los nichos» ya que, la norma supone, dicen «que los difuntos tengan que dejar sus tumbas a los 50 años». El equipo de Gobierno municipal desmiente todo lo expuesto por el PSOE, y acusa a los socialistas de difundir una vez más noticias falsas. Felipe Cayuela explica en un amplio artículo titulado 'Con los difuntos no se juega' que el PSOE vuelve una vez más a demostrar su "falta de sensibilidad y de escrúpulos" con tal de intentar obtener una ventaja política.

Jennifer Simón Carrión

Martes, 10 de mayo 2016, 08:44

Cayuela puntualizó varias cuestiones: la primera, que nadie va a obligar a que los difuntos tengan que abandonar el nicho a los 50 años, tal y como va diciendo el PSOE; que, lo único que se hace es regular por ley el uso de un bien municipal como es el cementerio, y matiza: «mucha gente suele creer que cuando compra un nicho (en Carboneras actualmente cuesta 600 euros) compra la propiedad y por tanto a perpetuidad, pero todos debemos saber que la ley andaluza prohibe la compra de nichos a perpetuidad, elaborada por el propio PSOE y con razón ya que, y es completamente lógico: no se puede comprar una propiedad que es de titularidad municipal (el cementerio). Por eso los nichos no pueden ser objeto de comercio ni de transacción. En realidad lo que la gente es hace es adquirir una concesión por un número determinado de años (50 años en este caso), pasados los cuales como es lógico pueden seguir renovando la concesión indefinidamente. 600 euros por 50 años son 12 euros por año, o lo que es lo mismo 1 euro al mes. Y lo que se paga no es un impuesto sino una tasa, algo lógico por los costes que tiene de mantenimiento el cementerio». ¿Especulación 'de muerte'? Según Cayuela, las verdaderas intenciones de los socialistas entonces con el cementerio, después además de acusar al actual equipo de Gobierno de haber autorizado la construcción de un velatorio en el centro del pueblo, era «intentar especular con los terrenos próximos al campo santo y trasladar éste al campo de fútbol, donde construyeron un tanatorio». En concreto, y según explica el concejal de Hacienda del equipo de Gobierno, «la anterior corporación solicitó (y recibió) una subvención de 136.000 euros para ampliar el cementerio», sin embargo, esta obra «no se realizó en tiempo y forma, y ahora estamos devolviendo ese dinero a la Junta de Andalucía ya que gastaron ese dinero en otros conceptos». Cayuela asegura en un extenso artículo que en realidad, presuntamente, «el PSOE de Carboneras tenía la intención de trasladarlo donde está ahora mismo el campo de fútbol municipal, al lado donde está ubicado el tanatorio». Las 'pruebas' que sobre lo que dice aporta Cayuela, son, por un lado, que precisamente, la ubicación de ese tanatorio era un primer paso para justificar el traslado y el no invertir la subvención conseguida era otro indicio. Los siguientes pasos que dieron fueron la compra de los terrenos colindantes con el cementerio por varios supuestos testaferros del anterior alcalde e incluso forzar la venta de otros terrenos de pequeños industriales junto al cementerio y comenzar las gestiones para el traslado del cementerio municipal». El edil de GICAR añade: «nuestra llegada al Ayuntamiento rompió definitivamente sus planes. Si no hubiera sido así ¿dónde y cómo hubieran trasladado a nuestros difuntos? Con los difuntos no se juega». Los socialistas salieron ayer al paso de todas esas acusaciones y aseguraron que «nunca se pretendió trasladar el cementerio de su actual ubicación. La construcción del tanatorio fuera del núcleo urbano sólo respondía a la búsqueda de que su actividad afectara lo menos posible a los vecinos» y dijeron que esta «nueva mentira» solo busca «desviar la atención de la nefasta gestión del ayuntamiento que privatiza servicios con más coste».

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