Alcalde de Carboneras alega que se han atendido "105 de las 132" peticiones de información del PSOE
El alcalde de Carboneras (Almería), el independiente Salvador Hernández, ha asegurado este martes que "nunca" ha denegado al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, José Luis Amérigo, la información que ha solicitado, y ha indicado que, desde septiembre de 2011 a abril del presente año, se han atendido "105" peticiones de los "132 escritos que ha presentado" interesando en cada uno de ellos "varios expedientes al mismo tiempo".
Europa Press
Martes, 10 de mayo 2016, 08:28
Hernández ha lamentado en declaraciones a Europa Press que los socialistas le estén sometiendo, según ha dicho, "a pena de banquillo" para "intentar ganar a través de los juzgados lo que deben determinar las urnas" y ha afirmado que "como alcalde, ni doy ni quito el derecho de acceso a información" que tienen los grupos políticos con representación en la corporación local y los ciudadanos. Al hilo de esto, ha remarcado que la acusación de la Fiscalía, que interesa tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito contra los derechos cívicos, llegan sin que el juzgado instructor "haya tomado declaración a los funcionarios". "Ninguno de ellos podrá decir que yo he dado orden de que no se le dé acceso a los expedientes a Amérigo o cualquier otro ya que se trata de una cuestión de operatividad y disponibilidad ya que la cantidad pedida es ingente". Por su parte, el letrado que ejerce la defensa del regidor carbonero, Miguel Ángel Campos, ha subrayado que el Juzgado de Instrucción 2 de Vera no ha resuelto aún el recurso de reforma presentado el 25 de marzo contra el auto que ordenaba transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado y ha criticado que, a día de hoy, haya tenido acceso "parcial a los autos ya que han estado un mes en poder de la Fiscalía". Campos ha reiterado a Europa Press que se ha dado "visto y copia" de 105 expedientes frente a los 132 presentados por el portavoz socialista en lo que ha considerado como "un intento de colapsar el Ayuntamiento con la intención de provocar este procedimiento". "No ha dado tiempo a más", ha apuntillado para señalar que en autos obra también un certificado del secretario municipal en el que relata cómo, en "julio de 2014, y viendo que Amérigo no se había pasado por las dependencias del Ayuntamiento a recoger algunos de los expedientes solicitados, quiso entregárselos en pleno y él rechazo recogerlos". NO SE HAN PRACTICADO TODAS LAS DILIGENCIAS En concreto, el citado certificado reza: "antes de iniciar la sesión plenaria se ha intentado hacer entrega al portavoz del PSOE de las citaciones por él solicitadas para hacer uso del derecho a la información y consulta de los expedientes a los que Alcaldía le había concedido hace tiempo acceso, y que se ha negado a recoger los citados escritos en los que se indica, para cada uno de los departamentos afectados --Intervención, Secretaria, Urbanismo, Coordinación General y Relaciones laborales-- los días y horas en los que tendrá a su disposición personal de los departamentos para acceder a la consulta de los expedientes solicitados". "Es una cuestión de operatividad y de tiempo no de falta de voluntad ya que es materialmente imposible atender todo lo que pide", ha trasladado el letrado, quien ha recordado a su vez que el recurso de reforma no resuelto se pidió la práctica de diligencias como la testifical de funcionarios y secretario municipal, que, a lo largo de la investigación, "no se han practicado". Al hilo de esto, ha criticado que la jueza instructora sólo haya tomado declaración al denunciante y al alcalde en calidad de imputado "sin la presencia del fiscal", según ha destacado. "La última palabra, una vez resuelva el juzgado, la tendrá la Audiencia Provincial, a la que vamos a recurrir en apelación", ha concluido. El Ministerio Público considera que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno "en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días" y subraya, en esta línea, que el regidor le habría "impedido", asimismo, "de forma sistemática" el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que con su actuación supuestamente "ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición".
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