Juicio oral al alcalde de Carboneras por negar información a oposición

La Fiscalía interesa para el alcalde tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público mientras que la acusación particular ejercida por el portavoz socialista solicita cuatro años y añade un presunto delito de prevaricación por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.

En un segundo auto dictado el mismo día, la juez Francisca Navarro da traslado a las partes para que en el plazo de dos días formulen alegaciones contra el recurso de reforma presentado la defensa que ejerce el letrado Miguel Ángel Campos.

El Ministerio Público considera que Hernández "habría impedido el ejercicio de la labor de fiscalización y control de la función pública encomendada a la oposición", concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole "acceso" a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.

El escrito de acusación, consultado por Europa Press, concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno "en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días".

Subraya, en esta línea, que el regidor le habría "impedido", asimismo, "de forma sistemática" el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente "ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición".

El Juzgado de Instrucción 2 de Vera acordó el pasado mes de febrero continuar por el trámite de procedimiento abreviado la causa Hernández ya que, según indicó en su auto, las diligencias practicadas evidenciaban que existían "motivos suficientes" para atribuirle "la perpetración" de un delito de artículo 542 del Código Penal.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012 o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim. Por su parte, la defensa sostiene que desde septiembre de 2011 a abril del presente año, se han atendido "105" peticiones de los "132 escritos que ha presentado" interesando en cada uno de ellos "varios expedientes al mismo tiempo" y critica que el juzgado no haya tramitado la resolución del recurso de reforma presentado el 25 de marzo hasta la pasada semana y no haya tenido acceso "parcial a los autos ya que han estado un mes en poder de la Fiscalía".

La defensa considera la actuación de Amérigo como "un intento de colapsar el Ayuntamiento con la intención de provocar este procedimiento" y apuntilla que obra en autos un certificado del secretario municipal que reza que, antes de iniciar una sesión plenaria en julio de 2014 "se intentó hacer entrega al portavoz del PSOE de las citaciones por él solicitadas para hacer uso del derecho a la información y consulta de los expedientes a los que Alcaldía le había concedido hace tiempo acceso, y que se negó a recoger los citados escritos en los que se indicaba, para cada uno de los departamentos afectados --Intervención, Secretaria, Urbanismo, Coordinación General y Relaciones laborales-- los días y horas en los que tendrá a su disposición personal de los departamentos para acceder a la consulta de los expedientes solicitados".

En esta línea, lamenta que la jueza instructora sólo haya tomado declaración al denunciante y al alcalde en calidad de imputado "sin la presencia del fiscal", según ha destacado. "La última palabra, una vez resuelva el juzgado, la tendrá la Audiencia Provincial, a la que vamos a recurrir en apelación", concluye.