El alcalde de Carboneras pide que se investigue el proceso de su imputación

Para determinar si eso es así, el letrado sugiere al CGPJ realizar un «estudio comparativo del presente proceso con otros de su mismo tiempo y especie», comprobar el «tiempo medio entre la incoación de Diligencias Previas y Auto de Juicio Oral» y un «estudio forense y de razonabilidad respecto de la actuación de la Fiscalía». El escrito se basa así en dos aspectos para pedir la investigación: por un lado, la falta de información y de copias de actuaciones al letrado de Hernández y al propio denunciado contrastándose con la «multitud de informaciones periodísticas que han dado cuenta de todos y cada uno de los pasos de este extraño proceso», y por otro lado, en el presunto «manejo de los tiempos» para «acelerar o retener» fases del procedimiento. Entre la descripción cronológica que se hace de los pasos del procedimiento se remarca, por ejemplo, que entre la entrada de la denuncia al Juzgado formulada por Fiscalía hasta el Auto incoando Diligencias Previas pasa un mes, y se acuerda en dos meses la declaración del denunciado; tras la declaración del alcalde «único momento en el que conoce con la extensión propia de un interrogatorio, no más allá, los hechos que se le imputan» sólo pasan «tres días» y se dicta «providencia en la que se daba traslado al Fiscal para que informase sobre el procedimiento a seguir. No hubo tiempo material para aportar la documentación de que había hablado el Sr. Hernández, ni consideró prudente el Juzgado investigar sobre los hechos afirmados por el imputado, solicitando, por ejemplo, informes a la Secretaría del Consistorio, declaración de funcionarios, de los policías locales, requerir actas plenarias o, en definitiva, llamar a declarar a los funcionarios que citó el alcalde en su declaración», apunta la queja, en la que se añade, además de otra serie de hechos que 20 días después «el Fiscal emite informe en el que se afirma lacónicamente: la instrucción está terminada. Se han realizado todas las diligencias necesarias para determinar la autoría de los hechos y la calificación de los mismos. Todas las diligencias necesarias son la declaración del denunciante y la del imputado, así como la documental aportada por el denunciante». Con estos argumentos y algunos más, el regidor carbonero solicita al máximo órgano judicial que se investigue cómo se ha llevado este proceso teniendo en cuenta que «el perjuicio ocasionado por la pena de banquillo, ya impuesta».