La Fiscalía investiga una presunta prevaricación del Ayuntamiento de Cuevas entre 2002 y 2012

 

El Ministerio Público indica en su escrito remitido al Decanato de Vera que, entre 2002 y 2012, el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora habría contratado «de forma directa» a cuatro letrados «externos» para llevar la dirección técnica de diversos procedimientos judiciales en los cuales el Consistorio «era parte».

Apunta a que estas contrataciones podrían haberse realizado «con omisión de la normativa aplicable», en concreto la legislación que regula los contratos de sector público, y «prescindiendo», asimismo, de los «servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Almería».

La denuncia señala que, de acreditarse y concretarse «estas irregularidades administrativas», podrían constituir un delito de prevaricación en base al artículo 404 del Código Penal, e interesa la práctica de numerosas diligencias para su comprobación y «averiguación de los responsables».

Así, solicita que se pida al secretario e interventor del Ayuntamiento cuevano que aporte a la causa copia de los expedientes administrativos tramitados entre los años 2002 y 2012 «de forma ordenada y numerada» en relación a los cuatro letrados externos, y concreta que «en los casos de que no conste o esté incompleto», acompañe «cuantos acuerdos y documentación obren al respecto sobre el encargo del servicio y su pago».

Hace hincapié en la necesidad de que se aporte el informe del interventor «previo a la contratación» y, en su defecto, «se certifique que no existen esos informes» y se precise «el motivo por el cual no se hizo expediente administrativo de contratación».

El Ministerio Público interesa, en esta línea, que se pida al Ayuntamiento que certifique «todos los pagos que realizó a estos letrados, especificando el motivo»; que informe de si tiene «servicio jurídico propio, y cuantos letrados y personal municipal lo componen»; y que detalle si letrados del Consistorio «han intervenido ante órganos jurisdiccionales, concretando el nombre del letrado, órgano jurisdiccional y causa judicial».

Con respecto al Ayuntamiento, pide también que el juzgado indague sobre «si tiene contratado el servicio de asistencia jurídica» de la Diputación Provincial y, «en su caso si esto supone un costo económico» para las arcas municipales, si se ha «utilizado o no durante los citados años», y si se «contrataron más letrados externos al margen de los investigados, además del importe económico que se les hubiese abonado».

INFORME PERICIAL DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL ESTADO

La Fiscalía ve necesarias, por otro lado, otras diligencias ante la Diputación Provincial de Almería encaminadas a que el secretario de la institución certifique si el Consistorio, bajo mandato de Caicedo, tuvo «concertado el servicio de asistencia jurídica» de 2002 a 2012, «si al respecto abona alguna cantidad pecuniaria» o si ha hecho «uso del mismo».

Por último, y una vez se concluyan estas diligencias y con toda la documentación incorporada a la causa, la denuncia interesa que se oficie a la Intervención General del Estado para que emita un informe pericial «cuyo objeto sea determinar si esta práctica infringe o no la normativa administrativa aplicable y, en su caso, qué irregularidades se han podido cometer».