El PP pide explicaciones a PA y PSOE por los despidos «en fraude de ley» de Codeur

Belmonte señaló que una vez más los andalucistas, esta vez con el beneplácito del Partido Socialista Obrero Español, dan muestras de un «total desprecio a la ley y a los procedimientos que estipula la misma», y en lugar de efectuar un despido colectivo que es lo que se debería haber hecho según la Inspección de Trabajo, realiza despidos individuales, que además son de personas de Vera, que llevaban muchos años trabajando en la empresa, sin ningún motivo que los justifique, y en muchos casos,» siguiendo nada más que lo que ya denunciamos desde el PP local, una caza de brujas por motivos políticos», añadieron. El portavoz del PP pidió nuevamente al alcalde de Vera, Félix López, y también a su teniente de alcalde, la socialista Isabel de Haro, que den explicaciones a los vecinos para que sepan «cómo y por qué se procedió a dichos despidos, y por qué no siguieron el procedimiento adecuado para ello». Belmonte apuntó que «puede ser que no tuvieran las razones que deben tenerse para extinguir a alguien su contrato». Además, cabe destacar que, habiendo como hay procesos judiciales a este respecto, y como ha dicho la Inspección de Trabajo, la infracción cometida por Codeur es muy grave, lo que significaría «pagos de indemnizaciones a esos trabajadores, su readmisión, y además una multa que puede llegar a los 180.000 euros, con el perjuicio que eso causará a la economía de la empresa que gestiona el agua de Vera y al propio Consistorio, y por extensión, a todos sus vecinos». El PP de Vera pide explicaciones, sobre todo al PSOE porque ellos que se dicen «obreros» apoyan este tipo de actos, dejando en indefensión a empleados de la empresa, y siendo cómplices de las malas prácticas de los andalucistas, que han vuelto a retomar la vía de hace cuatro años, dando el poder del Ayuntamiento y Codeur a un socio privado. Hace unas semanas, IDEAL adelantó el informe de la Inspección de Trabajo en la empresa Codeur a raíz del despido de doce trabajadores en cuestión de tres meses. El organismo aseguró que es una «falta muy grave» y que eso podría tener consecuencias que deberá establecer un juez. De hecho, al menos un trabajador tiene el caso en la justicia.