Galasa retoma la subida de tarifas del agua y la modificación de sus Estatutos

 

Habrá que ver cómo reaccionan los distintos municipios de las comarcas del Levante y Almanzora ante esta iniciativa de modificación que ya supuso una auténtica 'guerra' hace apenas un par de años, ante la negativa de muchos pueblos de aceptar una propuesta que les dejaría sin potestad alguna para votar en sus plenarios las modificaciones del precio del agua, algo que tendrían que aceptar, teniendo en cuenta que es la Diputación la que goza de mayoría en Galasa y que sería solo en su Junta General de Accionistas y el pleno de la institución provincial. En aquella ocasión, incluso ayuntamientos gobernados por el mismo signo político de la Diputación, como fue el caso de Vera (aunque hubo muchos más) se negaron a aceptar esas nuevas premisas. Los socialistas fueron más allá asegurando que, además, si algún ayuntamiento no aceptara una segura subida del agua y decidiera irse de Galasa, tendrá que pasar por caja previamente o vender sus acciones a otro accionista si es que alguien quiere comprarlas. Hubo quién afirmó más, y parece que en esta ocasión, 'los tiros' irían también por ahí al agregar artículos que supusiera que "aquel ayuntamiento que quiera abandonar Galasa tendrá que asumir una parte de su deuda, calculada en función del número de usuarios que haya en ese municipio, y pagársela a Galasa, de modo que el derecho libre de asociarse se convierte, de facto, en un secuestro", aseguró otro alcalde socialista del momento. La empresa pública de la Diputación presta los servicios relacionados con el ciclo integral del agua a Albanchez, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bédar, Cantoria, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Fines, Garrucha, Huércal-Overa, Laroya, Los Gallardos, Lúcar, Macael, Mojácar, Pulpí, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Turre, Urrácal y Zurgena; y la depuración de aguas residuales en la estación depuradora de Fines-Olula-Macael en el municipio Olula del Río. Galasa aseguró en 2012 tener una deuda de más de 20 millones de euros, aunque a esta seguramente habría que añadir la que mantiene la concesionaria con la empresa pública del Ministerio de Agricultura, Acuamed, que podría superar los 9 millones de euros.