'No' a una macrogranja porcina

Vecinos del paraje de La Morena, en la pedanía huercalense de San Francisco, han presentado alegaciones a la ampliación de una granja de cerdos «a las puertas» de sus casas. Fina Pérez, una de las residentes, cuya vivienda queda a poco más de cien metros de la explotación expresó a IDEAL su «indignación», entre otras cosas, porque considera que no les están escuchando desde la administración local. Pérez aseguró que el problema es que la ampliación supondrá muchas molestias y perjuicios para el medio centenar de ciudadanos que viven allí. «Plagas, olores, y perjuicios económicos» son los inconvenientes que expresó esta mujer, detallando algunos: «Yo soy asmática, no podré salir ni a mi terraza, porque la intención que tienen es el de hacer una gran explotación, poco a poco, ir ampliando de 2.500 cabezas en 2.500; mi vecino tiene invernaderos de toda la vida, y vive de eso, no podrá tener su cultivo ecológico porque una granja así trae muchas plagas, pero es que, además, crea un problema ambiental, aquí confluyen dos ramblas, y las aguas, en caso de avenidas, saldrían por allí hasta el mar, con todos los purines de las balsas, nosotros vivimos aquí desde siempre, mi casa es el resultado del trabajo de toda la vida, ¿nos van a echar ahora?, ¿no hay otro sitio donde hacerlo sin que moleste a nadie?».

La nave que hay en el lugar lleva mucho tiempo allí, pero ahora hay una solicitud para arreglarla y ampliarla. Ahora mismo tiene un permiso para 484 lechones, pero la intención, al menos, en un primer momento, es el de acoger 2.500 cochinos. Los residentes en el lugar recogieron firmas y las presentaron en el Ayuntamiento y la delegación de Medio Ambiente para oponerse bajo esas razonas que apuntó Fina Pérez y también otras que adjuntaron en el escrito como «las distancias mínimas entre naves de distintas explotaciones, las de carreteras y zonas de paso y los perjuicios estéticos, de salud y económicos».

Estos huercalenses se quejan también del trato recibido por parte del Ayuntamiento, por parte del concejal de Urbanismo y del alcalde, Domingo Fernández, quién les manifestó que el expediente está abierto, se está estudiando y que si cumple las normas tendrán que darle el permiso, que no es una cuestión política. Sin embargo, eso no convenció a Fina ni al resto de afectados, que criticaron la actitud de los ediles, entendiendo que «pareciera que por vivir fuera del núcleo urbano se tuvieran menos derechos, cuando pagamos igual que el resto» y recriminaron también a los representantes municipales que «en ningún momento» les hayan «tomado en cuenta» y les hayan «tratado como vecinos de segunda».

Los vecinos quisieron dejar claro que no tienen «nada en contra del propietario de las instalaciones» y que solo están «en contra de los perjuicios» que les conllevaría: «que sería marcharnos de nuestras casas».