Galasa tiene los días contados

Lo advirtió en el plenario del 27 de mayo de 2016 en la Diputación Provincial de Almería, María Jesús Amate, diputada de Izquierda Unida (IU): «el propio interventor ha advertido de la situación de desequilibrio financiero que existe en la empresa desde hace muchos años y las consecuencias que puede ocasionar, ya que, en base a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Pública, si esta situación continúa, a final de año, se deberá plantear, incluso, la disolución de la empresa». Esto es algo que deberían haber sabido hace tiempo los responsables de la institución, ya que la Ley, aprobada por el Gobierno del PP en la Nación, que habla de la disolución de las entidades instrumentales de las corporaciones locales (en este caso la sociedad mercantil de capital público lo es, y depende de la administración que tenga mayor participación efectiva, lo dice el interventor de la Diputación en su informe sobre el préstamo de 1,9 millones de euros a Galasa) que presenten déficit, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de diciembre de 2013. De hecho, en el preámbulo de la misma indica exactamente: «En ese contexto, se trata de impedir la participación o constitución de entidades instrumentales por las Entidades Locales cuando estén sujetas a un plan económico financiero o a un plan de ajuste. En cuanto a las existentes que se encuentren en situación deficitaria se les exige su saneamiento, y, si éste no se produce, se deberá proceder a su disolución».

Algo que se desarrolla en la modificación de la Disposición Adicional novena que habla de 'Redimensionamiento del sector público local' y que dice que «Aquellas entidades que a la entrada en vigor de la presente Ley desarrollen actividades económicas, estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera de las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley o de sus organismos autónomos, y se encuentren en desequilibrio financiero, dispondrán del plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley para aprobar, previo informe del órgano interventor de la Entidad Local, un plan de corrección de dicho desequilibrio».

Cabría preguntarse si la Diputación o Galasa, conociendo, según manifestó el propio vicepresidente de la institución y también de la empresa pública, Javier Aureliano García, la mala situación «desde hace años» de la misma, si se ha efectuado dicho plan. Lo que sí se ha llevado a cabo ha sido la subida de tarifas, medida que vuelve a contradecir, una vez más, las palabras del vicepresidente García, ya que el 6 de abril de 2014, apuntaba en un medio provincial: «en lo que va de legislatura se ha recortado la deuda en nada menos que siete millones. Heredamos una sociedad en quiebra y vamos a levantarla con gestión, sin que afecte al bolsillo de los ciudadanos».

Pero sigamos con la ley aprobada para «controlar» los «desajustes» de la administración local y sus entidades dependientes. A renglón seguido, dicha disposición, anteriormente citada, añade: «Si esta corrección no se cumpliera a 31 diciembre de 2014, la Entidad Local en el plazo máximo de los seis meses siguientes a contar desde la aprobación de las cuentas anuales o de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2014 de la entidad, según proceda, disolverá cada una de las entidades que continúe en situación de desequilibrio. De no hacerlo, dichas entidades quedarán automáticamente disueltas el 1 de diciembre de 2015. Los plazos citados en el párrafo anterior de este apartado 2 se ampliarán hasta el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de diciembre de 2016, respectivamente, cuando las entidades en desequilibrio estén prestando alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros».

En definitiva, y tal y como apuntó la diputada y como reconocen otros muchos, Galasa debería estar disuelta a juzgar por la situación que nos explican tiene y según la Ley, la disolución sería automática el 1 de diciembre de 2016, de seguir en la misma tesitura de hoy día.

Los responsables políticos afirmaron, en el mismo plenaria en el que la diputada de IU recordó las advertencias del interventor sobre la posible 'desaparición' de Galasa, su voluntad de que eso no suceda, pero los hechos no dan pie a pensar que se haya hecho o se esté haciendo realmente todo lo necesario para que la empresa de agua que abastece a Levante y parte del Almanzora siga en pie. Según el propio presidente de la Diputación, Gabriel Amat, la situación de Galasa «se ha venido produciendo desde hace muchos años atrás», la Ley salió en 2013, el déficit se conocían desde antes y se producían año tras año. Con todos estos datos cabe preguntarse porqué se han apurado tanto los plazos para conseguir reflotar la empresa, quiénes y porqué son responsables de la situación y, finalmente, de qué forma y cómo se pagarán los platos rotos.